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Jueces del Tribunal Supremo. (GFR Media/Archivo)

El Tribunal Supremo (TS) emitió una sentencia en la que descartó que existan razones de fuerza mayor, como el paso de un huracán, que priven a una persona de su derecho constitucional a ser excarcelada si han transcurrido seis meses desde su encarcelamiento preventivo.

En una sentencia emitida hoy, jueves, el Supremo confirmó el dictamen del Tribunal Apelativo cuando revocó al Tribunal de Primera Instancia (TPI), que el 8 de diciembre de 2017 denegó la solicitud de habeas corpus, presentada por el acusado Alexander Aponte Ruperto.

Mientras Aponte Ruperto esperaba la celebración de juicio por dos infracciones a la Ley de Armas, se vencieron los seis meses que establece la Constitución como el término para la detención preventiva de un imputado que no ha podido prestar su fianza.

La Oficina del Procurador General argumentaba que debían descontarse de ese cómputo de seis meses los días en que la rama judicial interrumpió los términos judiciales y no celebró vistas debido al paso de los huracanes Irma y María y por los posteriores efectos que causaron los ciclones en el país, lo que constituyó un acontecimiento de fuerza mayor para el incumplimiento con el término de la cláusula constitucional.

Tras su determinación, el Supremo devolvió el caso al TPI para que continúe los procedimientos de celebración de juicio. Aponte Ruperto aguardará por su juicio en libertad.

Opiniones divergentes

La jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, y los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron opiniones de conformidad por separado.

Mientras, la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente a la que se unieron los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Eric Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintrón.  El juez asociado, Rafael Martínez Torres, también suscribió una opinión disidente por separado.

“Los efectos catastróficos de un huracán no se le pueden oponer al acusado”, opinó la jueza Oronoz Rodríguez. “Nuestra decisión en nada afecta que el proceso criminal continúe, solo implica que se debe realizar con el acusado en libertad”, agregó en el documento que contiene su opinión.

La jueza presidenta señaló, además, que “un acto inevitable de la naturaleza no se puede utilizar para justificar que un individuo, al cual todavía no se le ha probado ningún delito, se le prive de su libertad por un término mayor al que nuestros constituyentes entendieron tan extremo, que idearon una prohibición constitucional sin precedentes”.

Los jueces asociados Estrella Marínez y Colón Pérez coincidieron en que de las expresiones de los delegados de la Constituyente se desprende que el término de seis meses fijo para la detención preventiva no está sujeto a extensiones por justa causa.

“No cabe otra interpretación ante los derechos de gran envergadura que están aquí en juego, a saber: la libertad, la presunción de inocencia y eldebido proceso de ley. Estos deben ser interpretados de manera tal que cumplan su propósito de proteger a los ciudadanos que han sido privados de su libertad por parte del Estado”, opinó Estrella Martínez.

En tanto, el juez Colón Pérez señaló que el 5 de diciembre de 2017, Aponte Ruperto debió ser dejado en libertad a la espera de la celebración de su juicio y que, en todo caso, el Ministerio Público puede solicitar, de así entenderlo, la imposición de condiciones como, por ejemplo, el uso de grillete electrónico.

“Nos resulta lamentable que, algunos miembros de este Tribunal, no conformes con los estragos y las grandes pérdidas que ocasionó el huracán María en su paso por el país, hoy- a través de sus votos disidentes- quieran añadir al listado de daños ocasionados por el mencionado fenómeno atmosférico la pérdida de derechos constitucionales”, opinó Colón Pérez.

Asimismo, el juez Martínez Torres usó el huracán, pero para ejemplificar lo que, según él, son los daños que ocasiona esta decisión de la mayoría de los miembros del Supremo.

“Lo que los huracanes Irma y María no lograron lo hace ahora este Tribunal: abre de par en par los barrotes de la prisión para que salgan a la calle los sumariados que no fueron procesados durante la emergencia”, expresó en su opinión disidente.

Más adelante señaló que “parece que con los vientos huracanados el sentido común se fue volando también. Ojalá lo encontremos de nuevo, aunque sea debajo de los escombros que esta decisión nos deje”.

Mientras que la jueza Rodriguez Rodríguez expresó en su opinión, a la que se unieron tres jueces asociados, que, debido a la interrupción de las labores en los tribunales, el término para la detención preventiva de Aponte Ruperto debía ser el 22 de enero de 2018, porque debían ser sustraídos del cómputo los 52 días en los que la rama judicial operó de forma limitada.

Rodríguez Rodríguez concluyó que Aponte Ruperto debió ser encarcelado nuevamente porque “el Ministerio Público se vio privado de los mecanismos para cumplir con los términos señalados, a consecuencia de los huracanes que afectaron a Puerto Rico” y que eso era “justa causa” para eximirlo del cumplimiento del término de prisión preventiva en tanto el paso de los huracanes constituyeron un acontecimiento de “fuerza mayor”. 


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