El próximo lunes, 16 de septiembre, se verá la vista para atender la moción de desestimación en el caso contra siete estudiantes universitarios. (Luis Alcalá del Olmo)

Los abogados de defensa de los siete universitarios acusados criminalmente por interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en 2017, creen tener base para demostrar que el Ministerio Público acusó selectivamente a los jóvenes, motivado por el discrimen político.

Ante esto, los abogados consideran que procedería la desestimación del caso.

La teoría de defensa se basa, en parte, en un memorando interno emitido por la jefa de fiscales, Olga Castellón, el 24 de abril de 2017. En ese documento, Castellón supuestamente comunicó un protocolo y estableció un grupo para monitorear las posibles violaciones de ley que surgieran en las protestas que se reportaban en ese momento en el sistema universitario.

Al momento de la comunicación, ocho de los 11 recintos de la UPR habían decretado una huelga indefinida en contra de los recortes presupuestarios al primer centro docente del país.

La participación en una actividad política no puede ser un criterio para acusar y, de existir una directriz así por parte de la jefa de fiscales, sería una directriz ilegal”, señaló la abogada María Soledad Sáez, de la Sociedad para la Asistencia Legal.

Los estudiantes están acusados de restricción de libertad, impedir el derecho de reunión e intimidar a la autoridad por entrar a una reunión del cuerpo rector de la UPR.

En entrevista con El Nuevo Día, Castellón rechazó que ese memorando implique que se dirigieron recursos del Estado para monitorear a la oposición política en las manifestaciones. Argumentó que se trata de “un plan de trabajo para situaciones extraordinarias”, de la misma forma que cuando hay un huracán o evento electoral.

La fiscal explicó que el memorando estableció un turno de fiscales que estarían disponibles las 24 horas del día para atender consultas de la Policía en relación con las manifestaciones.

El 7 de agosto, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al Ministerio Público revelar el memorando como parte del descubrimiento de prueba.

Sin embargo, el fiscal asignado al caso, Ángel García, anticipó ayer que el procurador general estará presentando un recurso ante el Tribunal Supremo por considerar que se trata de un documento confidencial. El Tribunal de Apelaciones encontró innecesario intervenir en el caso, según consta en la resolución del 30 de agosto.

Sáez planteó que el documento -revelado por el propio fiscal en sala- debía ser parte del descubrimiento de prueba, al amparo del debido proceso de ley. Argumentó que el documento podía apoyar la defensa de que su clienta, Alexa Paola Figueroa, había sido seleccionada “intencionalmente a base de un criterio arbitrario u odioso”.

Además de Figueroa, el resto de los estudiantes implicados son Juan Carlos Collazo, Gabriel Díaz Rivera, Verónica Figuera Huertas, Randiél Negrón Torres, Francisco Santiago Cintrón y Thaliangelly Torres González.

La identificación de los estudiantes como sospechosos de un crimen se dio mediante un alegado informante del gobierno, que entregó a la Policía un documento que detalla la afiliación política de cada persona, según la moción de la defensa que plantea el argumento de persecución selectiva y solicita el descubrimiento de prueba.

Ese documento incluye fotografías de los acusados y otras personas participando en actividades políticas “no siempre vinculadas a la huelga de la UPR”, lee la moción presentada el 19 de agosto de 2019.

“Debemos resaltar el hecho de que todos los jóvenes hoy acusados están afiliados a organizaciones políticas que se han expresado contrarias a las políticas implementadas en la UPR y gobierno actual”, señala la moción, a la vez que indica que se escogieron a estos jóvenes entre 50 y 60 participantes de la manifestación.

Por ejemplo, la abogada Sáez señaló que nunca se procesó a jóvenes que -de camino a la oficina en la cual se reunió la Junta de Gobierno- agredieron a un guardia de seguridad privada con un extintor. La vista para atender la moción de desestimación será el lunes, 16 de septiembre. La defensa planteó que ya se venció el término para celebrar un juicio rápido.


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