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Jaime Perelló, expresidente de la Cámara de Representantes. (Archivo / GFR Media)

La defensa del expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló Borrás presentó hoy una moción solicitando la desestimación de cuatro de las nueve denuncias que enfrenta el político.

Los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Leticia Pabón Ortiz imputaron al exlíder cameral nueve denuncias por supuestamente omitir información en un informe presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

También le imputan a Perelló Borrás violar la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas; así como otras infracciones al Código Penal por alegado enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, malversación de fondos públicos, falsificación ideológica y posesión y traspaso de documento falsos.

Los cargos están relacionados a los supuestos actos indebidos o ilegales que cometió Perelló Borrás al otorgar un contrato a la compañía 3Comm Global, del otrora recaudador de la Pava Anaudi Hernández y de su exsocio Héctor Vargas, para instalar un cuadro telefónico y ofrecer servicio de telefonía en la Cámara de Representantes. El dúo formaba parte del comité de finanzas de exlíder cameral.

En una moción radicada esta mañana, los abogados José Andreu Fuentes y José Olmo Rodríguez argumentaron que una denuncia imputando la violación a la Ley de Ética Gubernamental y otras tres denuncias relacionadas a los cargos de perjurio, falsificación ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados deben ser rechazadas porque están “fatalmente defectuosas”.

“Ninguna de esas denuncias procede bajo la ley, comenzando por el hecho de que el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental aplica únicamente a los miembros de la Rama Ejecutiva y, como es de conocimiento público, el señor Perelló perteneció a la Rama Ejecutiva, por lo que dicha imputación carece de fundamento legal alguno”, afirmó Andreu Fuentes en un comunicado de prensa.

“Nos parece insólito que el FEI haya denunciado a nuestro cliente por violar una ley que claramente no le aplica”, agregó.

Andreu Fuentes también argumentó que las denuncias de perjurio, falsificación ideológica y posesión y traspaso de documentos se apoyan en un fundamento incorrecto.

“El FEI parte de la premisa incorrecta de que el cliente mintió en un informe financiero sometido a la Oficina de Ética Gubernamental al no informar un donativo recibido para su campaña política. Sin embargo, el artículo 5.4 de la Ley de Ética dispone expresamente que en los informes financieros a radicarse ante dicha oficina ‘no será necesario informar sobre ingresos o gastos relacionados con campañas políticas’. Tales donativos solo tienen que incluirse en el informe trimestral que se presenta ante la Oficina del Contralor y no en los informes de Ética”, afirmó el licenciado Olmo Rodríguez.

“Si fuera como dice el FEI, habría que denunciar a todos los funcionarios electos de este país, pues ninguno de ellos ha incluido los donativos recibidos en sus campañas políticas en sus informes ante la Oficina de Ética. No los han incluido porque no hay obligación en ley de así hacerlo. Lo que intenta hacer el FEI parece increíble y demuestra el abuso que se intenta cometer en contra de nuestro cliente”, agregó Andreu Fuentes.

Los abogados realizaron esos planteamientos sin éxito durante la vista para encontrar causa para arresto.

El pasado 28 de junio, el juez Edgar Figueroa encontró causa para arresto contra Perelló Borrás y Glenn Rivera Pizarro, el exayudante del exadministrador de la Cámara baja Xavier González Calderón.

Los fiscales imputaron a Rivera Pizarro cuatro cargos relacionados con su supuesta participación en el otorgamiento del polémico contrato del cuatro telefónico.

La vista preliminar, que será trasmitida en vivo, quedó pautada para el 15 de agosto.


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