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El excorredor de Bienes Raíces, Pablo Casellas. (GFR Media)

El Tribunal de Apelaciones denegó hoy la moción de nuevo juicio a Pablo Casellas Toro y en su sentencia revoca al Tribunal de Primera Instancia (TPI) y detiene un proceso promovido por la defensa del convicto para interrogar a los miembros del panel que lo hallaron culpable por el asesinato de su esposa.

En la sentencia, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que el TPI erró al, sin antes examinar el contenido de una declaración jurada, iniciar el testimonio de los jurados para comprobar la veracidad de ese juramento vertido por una miembro del jurado en la que sostenía que otro jurado había hecho ciertas expresiones durante el proceso deliberativo.

“En fin, de la faz del contenido de la declaración jurada, no se configuró ninguna de las excepciones establecidas en la Regla 606 (c) de la Reglas de Evidencia de Puerto Rico, por lo que el foro primario estaba impedido de sentar a declarar a los miembros del jurado sobre lo aseverado en la afidávit”, lee el documento.

En la sentencia del panel integrado por los jueces Gerardo Flores García, Miguel Cancio Bigas y  Roberto Rodríguez Casillas, el juez ponente Flores García señala que el TPI erró en las presunciones que hizo sobre la declaración jurada presentada por la defensa.

“En este caso el foro recurrido sin más, señaló audiencia, y comenzó a recibir prueba sobre la alegada conducta impropia de un jurado, pero reiteramos que al así actuar erró, pues presumió que la impropiedad expuesta en el juramento permitía tal indagación, pero a poco de leer el contenido del afidávit queda claro que, aunque impropia, la declaración del jurado no puede concebirse como materia ajena, o extraña a la mesa del jurado”, menciona el documento.

Según el Tribunal de Apelaciones, la información que tenía el jurado sobre el único testigo que sentó la defensa, no lo obtuvo por una fuente externa sino como parte de su trabajo profesional y “por tanto no constituye información extraña o ajena que amerite ser descubierta”. 

Casellas Toro argumenta que la sentencia, de 109 años de prisión, que se le impuso se había dado en violación a su derecho constitucional a recibir un juicio justo e imparcial. Esto basado en presuntas expresiones despectivas que hizo un miembro del jurado al resto del panel sobre el testigo experto que utilizó la defensa durante el juicio.  Esa situación fue recogida en un afidávit suscrito por una miembro del jurado.

Según la defensa esas expresiones viciaron el veredicto, al prejuiciar al jurado en contra de su testigo, lo que impidió un juicio justo e imparcial y que por tanto, el único remedio disponible es una nuevo juicio.

Mientras que el ministerio público sostenía que, aun tomando como verdad, lo supuestamente expresado por el miembro del jurado constituía parte del proceso deliberativo y que no era una materia ajena a ese proceso.

En una vista evidenciaría en abril, elTribunal de Primera Instancia tomó juramento a 11de los 12 miembros del jurado que participaron en el proceso deliberativo. Además, dio paso al testimonio de la miembro del jurado cuyo juramento fomentó la solicitud de nuevo juicio.

No obstante, el ministerio público acudió en apelación al Tribunal de Apelaciones argumentando que la citación de los miembros del jurado como testigos era improcedente y solicitó la paralización de los procedimientos, lo que fue concedido en ese momento.

A través del procurador general se argumentó que las expresiones del jurado están protegidas por el privilegio del secreto en el cuarto de deliberaciones.


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