Un padre sujeta a su hija mientras una profesional de la salud la vacuna. (GFR Media) (semisquare-x3)
Un padre sujeta a su hija mientras una profesional de la salud la vacuna. (GFR Media)

La jueza Iris Cancio Nadal González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó ayer una demanda en la que varios padres cuestionaban la constitucionalidad de laLey de Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Pre-escolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

Según detalló en su sentencia, “los demandantes no tienen legitimación activa para proseguir esta causa de acción”. 

Entre las explicaciones que dio la jueza para tomar su determinación se incluyó el hecho de que los padres no demostraron “daño claro, palpable e inmediato” de que el proceso que se debe seguir para evitar la inmunización de sus hijos les afecte la libertad de culto y el debido proceso de ley, como alegaron. 

“Fallaron en demostrar con hechos, la existencia de un daño claro y palpable, no hipotético, teórico ni especulativo”, añadió. 

Específicamente, los demandantes, identificados como Noelia Zsabo Ramírez, Older Oller Córdova, Iris Yolanda Torres Rosa, Luis Díaz Díaz y Jeanette Pagán Rodríguez, presentaron el pasado 9 de agosto la demanda contra el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia alegando que el Artículo 5 de la mencionada ley les violaba su libertad de expresión religiosa. El mismo expone los pasos que deben dar los padres para informar que sus hijos no serán vacunados para poder matricularse en una escuela pública o colegio bajo principios religiosos. 

Lo que la Ley 25 requiere es que el padre documente con una declaración jurada -en un formulario provisto por el Departamento de Salud- que su familia pertenece a una organización religiosa que tiene un dogma que conflige con la inmunización y que en esa declaración jurada se incluya la firma del ministro de su religión o secta.

Los demandantes alegaron que no se les debía requerir la firma del ministro o líder de la secta en la declaración jurada, pues se les violentaría su libertad de culto, según se consignó en la sentencia.

El gobierno, por su parte, alegó que el caso carecía de madurez, “porque los demandantes no manifestaron que se obstaculizó algún proceso de matrícula en alguna escuela o que el Departamento de Salud les denegó la solicitud de excepción”. Ante este marco, solicitó la desestimación del caso. 

Según la juez, durante las vistas judiciales que se realizaron se demostró que, al menos, uno de los padres demandantes presentó la declaración jurada y el que cumplimiento de la ley no le resultó oneroso. 

También se confirmó que “sus hijos están matriculados en escuelas y no se les ha negado o condicionado la matrícula. Por otro lado, los padres no han sido referidos a las autoridades por no vacunar a sus hijos. Así que concluimos que las alegaciones de la demanda lo que se expone es un daño hipotético o especulativo, no concreto o real”. 


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