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La sesión especial del Tribunal Supremo se celebró ayer el Hotel Condado Plaza Hilton, en San Juan. (Gerald López Cepero)

Uno de los principales cambios propuestos a las reglas de procedimiento criminal discutidas ayer en una sesión especial del Tribunal Supremo, ordena al Ministerio Público a entregar las declaraciones juradas que utilice para presentar cargos en la etapa de vista de causa para arresto.

“El debate ha sido si el fiscal puede mantener esa declaración jurada (hasta utilizarla en vista preliminar). Si lo que llevó es un papel y solamente el juez lo ve, nadie sabe de qué te están imputado”, dijo la profesora Jocelyn López Vilanova, presidenta del Comité Asesor Permanente de Procedimiento Criminal, en un aparte con la prensa.

La fiscal general Olga Castellón reiteró, en entrevista por separado, que la posición del Departamento de Justicia sigue siendo retener las declaraciones juradas hasta que se usen en vista preliminar.

“En la Regla 6, lo que se hace es validar el arresto que se ha hecho sin orden o (luego de que) el juez determina si expiden una orden de arresto. El efecto práctico hay que tomarlo en consideración”, dijo Castellón, al subrayar que la nueva regla propuesta, bajo el número 206, solo dispone la entrega del documento al imputado o su representación legal.

Castellón cuestionó que no se atiende el escenario en que el imputado no tenga abogado o qué ocurriría si el mismo día de la acusación tiene que ir a prisión al no prestar fianza.

Las reglas de procedimiento criminal, que datan de 1963 –aunque con múltiples enmiendas–, establecen las normas que se seguirán en un tribunal para el encausamiento penal y rigen sobre jueces, imputados, fiscales, abogados y funcionarios del Estado. Buena parte de los miembros del Comité Asesor han estado trabajando la revisión desde 2008 y ahora el proyecto de nuevas reglas, que contempla nuevas leyes y jurisprudencia tanto estatal como federal, pasa al Tribunal Supremo, que continuará recibiendo recomendaciones.

Eventualmente, el proyecto pasará a la Legislatura.

Otro tema atendido con los cambios guarda relación con la procesabilidad de un detenido. Según se explicó, con las nuevas enmiendas, un juez o jueza puede detener una vista de causa para arresto si nota que el detenido no está en condiciones para entender el proceso.

Los cambios también reconocen la Ley 174-2018, del senador independentista Juan Dalmau Ramírez, que dispone unas garantías procesales a imputados que tengan problemas de comunicación para seguir los procesos judiciales y que incluyen, entre otras cosas, las circunstancias en que se desestimarán los cargos por fallas en el debido proceso.

Las nuevas reglas también establecen un protocolo a seguir en cuanto a tratamiento y detención de la persona en caso de considerarse no procesable, pero sin afectar términos prescriptivos.

Como parte de las enmiendas, se le reconoce al acusado de un delito menos grave, pero con sentencia de delito grave, el derecho de una vista preliminar, situación que no ocurre ahora. López Vilanova argumentó que el Comité Asesor analizó estadísticas de la Oficina de la Administración de los Tribunales, que reflejan que un tercio de estas vistas terminan con determinación de no causa y que la Rama Judicial tiene la capacidad para celebrar las nuevas audiencias sin que se afecten sus operaciones.

“Tribunales tendrá que hacer los ajustes que sean necesarios para ejecutar lo que eventualmente se apruebe. El comité estudió el número de casos… y concluyó que era viable que los tribunales absorbieran cualquier carga de casos adicionales”, dijo Sigfrido Steidel, director administrativo de los Tribunales, al asegurar que coincide con la apreciación del Comité Asesor.

“No significa que no tendremos que hacer cambios. Sin duda, algunos cambios se tendrán que hacer, como el readiestramiento de jueces, de personal de apoyo a la función judicial y cambios de cara a las nuevas tecnologías que se incorporan en los procesos”, agregó.


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