El tribunal federal en Hato Rey (semisquare-x3)
El tribunal federal en Hato Rey. (GFR Media)

Una pareja acusada de posesión de armas de fuego y sustancias controladas pidió retirar su alegación de culpabilidad después de que la prueba en su contra fuera obtenida por policías que las autoridades federales acusaron por corrupción.

Raúl Silva Orta y Xiomaris Cuadrado Díaz fueron arrestados el mayo de este año, tras una intervención de agentes de la División de Drogas de Caguas en su hogar en el barrio San Antonio de ese municipio.

Luego, el 26 de mayo, el caso fue sometido en el tribunal federal a través del “Task Force” del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La denuncia federal indica que a ambos les ocuparon varias armas, municiones, marihuana, cocaína y heroína. También les ocuparon un vehículo que se alega fue robado mediante carjacking en enero de 2016 y tenía dos armas en el interior.

Pero, el pasado 13 de agosto, Cuadrado Díaz solicitó que se retirara su alegación de culpabilidad.

Su moción alude a que el allanamiento estuvo encabezado por el agente Luis Rivera, quien fue uno de varios agentes acusados por las autoridades federales en julio por dirigir una empresa criminal desde la División de Drogas de Caguas, incluyendo “declaraciones juradas falsas para obtener órdenes de registro para robar dinero, propiedad y sustancias controladas”.

Señalan que también “preparaban informes falsos y fraudulentos de incidentes y arrestos”, así como de “propiedad ocupada”.

Al anunciar el arresto de Rivera y otros dos agentes en julio, la fiscalía federal informó que las detenciones estaban relacionadas a los arrestos de otros cuatro policías de esa unidad el 21 de mayo por cargos de corrupción y extorsión.

El abogado de Cuadrado Díaz, Carlos Sánchez, cuestionó que la fiscalía “intencionalmente falló en descubrirle a Xiomaris información exculpatoria clave y relevante”.

Señaló que “falló en descubrir que todos los agentes que participaron del allanamiento en la casa de Xiomaris estaban participando en una conspiración RICO (como se le conoce a la ley federal ‘Racketeer Influenced and Corrupt Organizations’) desde el 2014”.

Agregó que la fiscalía “sabía de los cargos por (la ley) RICO antes de que la amenazaran de que se declara culpable el 1 de junio de 2018, o su esposo Raúl Silva no podría declararse culpable y enfrentaría una elección draconiana e injusta de un juicio que lo expondría a 30 años de prisión”.

Aseguró que a lo largo del proceso la mujer ha sostenido que es inocente y estaba dispuesta a probarlo en un juicio.

Posteriormente, basado esencialmente en los mismos argumentos de Cuadrado Díaz, el 23 de agosto Silva Orta sometió una moción para retirar su alegación de culpabilidad que había sometido el 12 de junio.

“De haber sabido el señor Silva Orta que el gobierno estaba investigando y planificando traer cargos formales contra los agentes involucrados en este caso, él no se hubiera declarado culpable”, abundó la moción del licenciado Eric Vos.

Ante ambas mociones, el juez Gustavo Gelpí ordenó hoy al Ministerio Público a que conteste ambas mociones en o antes de 20 días.

Por otro lado, la jueza Aida Delgado Colón llevará a cabo una vista de estatus el 14 de septiembre sobre el caso de los agentes acusados.

A principios de este mes, indicó que el Ministerio Público informó que el pliego acusatorio “fue enmendado, así que acusados y cargos adicionales fueron añadidos”.


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