La alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto junto con la representación legal del Municipio en una conferencia de prensa el lunes. (Captura/Facebook) (semisquare-x3)
La alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto junto con la representación legal del Municipio en una conferencia de prensa el lunes. (Captura/Facebook)

La alcaldesa del Municipio Autónomo de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció esta tarde que el martes comienza el caso judicial contra la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) por errores en el cobro de pensiones a través del sistema “Pay as you go” (Pay-Go).

Cruz Soto reiteró en una conferencia de prensa que la ASR presuntamente facturó cantidades equivocadas sin proveer acceso al registro de pensionados requerido por la Ley 106-2017, que estableció el sistema de pensiones Pay-Go.

“Cuando la administradora de la ciudad le pide a Retiro que le dé el desglose (de la factura), lo que está pidiendo es que le compruebe que cumplió con la ley, y Retiro es incapaz de demostrar que cumplió con la ley”, sostuvo al alegar que el gobierno central no ha provisto la información necesaria para corroborar que el cómputo de los cargos de Pay-Go se hizo correctamente.

Según la alcaldesa, una auditoría del Departamento de Recursos Humanos del ayuntamiento identificó a al menos 1,068 pensionados que el gobierno central presuntamente pretendía cobrar ilegalmente, incluidos 132 jubilados que fallecieron.

Señaló, además, que el gobierno central sobrefacturó en el año fiscal 2017-2018 a la ciudad capital al menos $11 millones, “al pretender que emitamos pagos ilegalmente por beneficiarios que no le corresponden al Municipio”. 

“Al transferirnos esa responsabilidad (el pago de las pensiones), incrementaron de un año a otro el pago que se imponía al Municipio de $33 millones a $54 millones para cumplir con la imposición del Pay-Go. O sea, $21 millones adicionales”, agregó la aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático.

En concreto, el Municipio encontró que, además de las 132 personas fallecidas, 470 de los pagos que exigía la ASR no tenían evidencia en la base de datos de que hayan laborado para el ayuntamiento, 340 no tenían el nombre ni el número de Seguro Social del beneficiario y 37 tenían números de Seguro Social duplicados. Mientras, 104 pensionados tenían un período de unos cuatro años desde la separación del servicio en el ayuntamiento.

“Cuando usted tiene más de cien muertos en una lista, usted no sabe lo que está haciendo”, expresó.

Ante este panorama, la ciudad capital presentó un mandamus y un interdicto permanente para ordenar a la ASR cumplir con la obligación de auditar las facturas y congelar cualquier gestión de cobro de pensiones hasta que el gobierno central provea evidencia de que los pagos corresponden a la capital.

El recurso fue presentado el 29 de mayo por los abogados Frank Torres Viada, Charlie M. Hernández y Raúl Mariani Franco. El Municipio también demandó al Departamento de Hacienda y a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.

La vista será ante el juez Anthony Cuevas en la sala 904 del Centro Judicial de San Juan.

En mayo de este año, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley para la Reducción de las cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29-2019), que exime a los ayuntamientos del pago del PayGo y al plan de salud del gobierno. El estatuto revierte ambos pagos al gobierno central.

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, ha advertido que, del gobierno no conseguir el financiamiento, el ente federal no avalará la ley.


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