Héctor Martínez en el Tribunal Federal, en Hato Rey, el año pasado. (GFR Media) (semisquare-x3)
Héctor Martínez en el Tribunal Federal, en Hato Rey, el año pasado. (GFR Media)

El Circuito de Apelaciones de Boston revirtió hoy el veredicto de culpabilidad del exsenador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo.

La orden indica que la “condena se revierte”, por lo que al Tribunal de Distrito de Puerto Rico tiene que “entrar una resolución de absolución en ese cargo”.

Por el cargo de soborno en un programa federal, ambos fueron sentenciados a cuatro años de cárcel en abril del año pasado.

Martínez reaccionó a la decisión en sus cuentas de redes sociales, escribiendo en una larga carta que" finalmente se hizo justicia" en su caso. 

"Llegó el final de un largo y arduo camino. Hoy es el día más feliz de mi vida, en el cual mi familia y yo tenemos razones suficientes para dar gracias a Dios. Desde un principio anticipé que el tiempo nos iba a dar la razón y así fue", expresó. 

Según la teoría de la fiscalía federal, con la que coincidió el jurado que los encontró culpables, Martínez presentó dos medidas que favorecían a la empresa de Bravo, la compañía de seguridad privada Ranger American, a cambio de un viaje a Las Vegas para presenciar la pelea de boxeo entre Félix “Tito” Trinidad y Ronald “Winky” Wright, celebrada el 14 de mayo de 2005.

En una opinión que acompañó la orden, el juez puertorriqueño del Primer Circuito de Apelaciones, Juan Torruella, indicó que la fiscalía federal “falló en establecer un elemento esencial del crimen por el que se imputaba a los acusados”.

Señaló que entre el estatuto escogido por la fiscalía para procesar a los acusados en este caso requería “establecer que la entidad que representaba Martínez como un agente, en este caso el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recibió al menos $10,000 en ‘beneficios’ federales según lo dispone ese estatuto”.

“El gobierno no cumplió con ese peso. De acuerdo con esto, debemos revertir la convicción de los acusados por soborno de programa federal”, afirmó Torruella.

Después de un recuento del caso, Torruellas destacó varias fallas del proceso a nivel del tribunal de distrito.

Recordó que después del primer veredicto de culpabilidad contra Bravo y Martínez en el 2011, el Circuito de Apelaciones falló a favor de ambos debido a que el delito imputado penaliza los “sobornos” y no “regalías”, por lo que la evidencia presentada durante el juicio y en las instrucciones al jurado pudieran haber llevado a los integrantes del jurado a emitir su decisión ya fuera por cualquiera de ambas teorías.

Ante ese escenario, Boston ordenó que dejara sin efecto el veredicto y lo envió de vuelta para una potencial nueva acusación.

El segundo juicio se llevó a cabo en mayo de 2017, cuando nuevamente un jurado los encontró culpable por el mismo cargo, lo que provocó la apelación cuyo fallo Boston anunció ayer.

Torruella explicó que toda la evaluación se redujo a si el Ministerio Público pudo demostrar el elemento que da jurisdicción para la acusación bajo la sección 666 del Título 18 del Código de Estados Unidos.

Para hacerlo, debía probar que “la entidad gubernamental involucrada recibió ‘beneficios en exceso de $10,000 bajo un programa federal”.

Deben evidenciar que la entidad que recibió el soborno es un agente de una entidad que recibe en el periodo de un año dichos “beneficios en exceso de $10,000 bajo un programa federal”.

“Y no todos los fondos federales constituyen ‘beneficios’ bajo el estatuto”, señaló Torruella.

Al citar precedentes judiciales, resaltó que para determinar que una organización que participa de asistencia federal recibe ‘beneficios’, se debe examinar “la estructura, operación y propósito del programa”.

Según Torruella, el expediente del segundo juicio contra Martínez y Bravo carece de evidencia que “demuestre el desembolso de ‘beneficios’ federales al Senado de Puerto Rico o al ELA en total”.

“Todo lo que tenemos es una estipulación de las partes acordada antes del juicio estableciendo que en ‘año fiscal 2005 el ELA de Puerto Rico recibió más de $10,000 en fondos federales”, señaló Torruella.

Incluso, expuso que se añadió la cifra de $4,000 millones que recibió el gobierno de Puerto Rico en fondos federales entre octubre de 2004 y septiembre de 2005.

Asimismo, observa en el primer día del segundo juicio la defensa hizo la salvedad que dicha estipulación era en cuanto la cantidad de dinero recibida, pero no que representaban “beneficios” para probar la jurisdicción.

“Increíblemente, esta advertencia clara de las cosas por venir pasó sin atención y la fiscalía procedió a presentar su caso sin introducir ninguna evidencia para cubrir el hoyo de esa brecha en este caso”, expresó Torruella.

Al concluir el caso, la defensa pidió la absolución por la misma razón, pero “el tribunal de distrito denegó la moción sin ninguna explicación”, apuntó el juez de apelaciones.

También encontró que en las instrucciones al jurado solo se les pidió decidir si el gobierno había recibido “más de $10,000 en fondos”, no si constituían “beneficios”, término que no aparece en dichas instrucciones.

Entre los argumentos ante Boston para defender su caso, la fiscalía federal planteó que para probar el elemento de la jurisdicción era suficiente la estipulación con la defensa sobre los fondos que recibió el gobierno.

La fiscalía indicó que “el jurado, ejerciendo su sentido común y apoyándose en conocimiento general, puede inferir razonablemente que los fondos federales constituyeron ‘beneficios’”.

Torruella describió ese argumento como “un intento final de salvar una nave hundiéndose”, porque no tiene forma de saber si programas federales de beneficios se subsidian con los $4,000 millones mencionados, pues pudieran usarse para infraestructura, salarios y otros gastos.

“De cualquier manera, no vemos nada en elexpediente que nos diga i un jurado pudiera saber ciertamente la contestación a estas preguntas”, afirmó Torruella.

Celebran revocación

Varios de los allegados de Martínez celebraron la revocación por parte del Circuito e Apelaciones de Boston.

“Hoy fue revocada la injusta condena de la que fueron objeto Juan Bravo y mi hermano Héctor Martínez”, indicó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Hoy finaliza una larga travesía de angustia, injusticia y pesar para ellos y su familia. Nunca dudé que al final la verdad brillaría. ¡Gracias a Dios! Al fin terminó esta cruel injusticia”, agregó.

Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, expresó: "Felicito a mi amigo y hermano (Héctor Martínez)… Siempre creí en tu inocencia y hoy el Tribunal de Boston ratificó la misma”.

En su cuenta de redes sociales, Martínez compartió algunas de las felicitaciones que recibió, pero hasta las 5:00 de la tarde no había emitido una reacción.

De inmediato, tampoco se recibió una declaración de parte de Bravo.

Por su parte, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, con quien Martínez ha colaborado recientemente, celebró la decisión “porque siempre estuve convencida de su inocencia”.

“No sabía que iba a ser tan larga la espera y los pasos que hubo que dar… varias apelaciones… la espera fue un proceso duro para su familia y su señora madre”, manifestó Soto.

“Sufrieron mucho durante el camino, así que esperábamos este momento porque nunca dudamos que el hermano que me dio la vida era inocente”, afirmó.


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