La sede del Tribunal Federal en San Juan (horizontal-x3)
La sede del Tribunal Federal en San Juan. (GFR Media)

El gobierno de Estados Unidos defendió esta semana ante el Tribunal Federal de San Juan la exclusión de Puerto Rico de programas que existen en los estados y otros territorios, como el Seguro Social Suplementario (SSI), debido, entre otras cosas, al costo que tendría para el erario estadounidense extenderlos a la isla.

La expresión del Departamento de Justicia es parte de una moción presentada el lunes en la que solicitan a la corte federal de San Juan desestimar, principalmente por falta de jurisdicción, una demanda en la que ocho residentes de Puerto Rico reclaman acceso a beneficios de asistencia alimentaria, Medicare y el SSI que se suelen recibir los residentes de los estados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos subrayó en la moción que la cláusula de igual protección de las leyes no obliga a tratar a Puerto Rico como un estado, y recuerda que desde el caso Harris versus Rosario, de 1980, se estableció que el Congreso – por la Constitución concederle poderes plenarios sobre los territorios-, puede discriminar contra la Isla siempre que exista una base racional.

En el caso Sixta Gladys Peña Martínez versus el secretario de Salud de EE.UU., ocho demandantes reclaman tener acceso a los beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), que funciona en los estados y Washington D.C.. También exigen acceso a subsidios por bajo ingresos de la parte D de Medicare y al SSI.

En su moción, firmada por el secretario adjunto interino Chad Readler y la jefa de la fiscalía federal de San Juan, Rosa Emilia Rodríguez, el Departamento de Justicia de EE.UU sostuvo que las querellas referentes al SSI y Medicare deben ser desestimadas debido a que los demandantes no agotaron los procedimientos administrativos.

Con respecto a SNAP, el gobierno federal sostuvo que los demandantes no han podido demostrar que tendrían acceso a ese programa si residieran en alguno de los 50 estados, Washington D.C., Guam o las Islas Vírgenes estadounidenses.

En el caso de Peña Martínez, el Departamento de Justicia de EE.UU. comenta que ella alega que recibía $198 dólares en asistencia alimentaria del SNAP cuando vivía en Nueva York y que ahora, en Puerto Rico bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), el cheque se queda en $154.

Según Justicia, Peña Martínez no precisó cuánto dinero adicional puede haber recibido en los últimos meses debido a la asignación especial de $1.27 millones en fondos de SNAP que se entregó a la Isla para ayudar a mitigar el desastre causado por el huracán María. Esa asistencia, sin embargo, representa un pago no recurrente, distinto a los cerca de $1,900 millones que se reciben en la isla anualmente del PAN.

El gobierno federal mantuvo que bajo la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense, la decisión de excluir a Puerto Rico del programa SSI “es racional”, pues sus residentes normalmente no pagan contribuciones federales sobre ingresos. Y afirmó que mientras la decisión tenga un fundamento racional, debe concluirse que “es constitucional”.

“Como se explica en (los casos) Harris (versus Rosario) y Califano (versus Torres),  el status único contributivo de Puerto Rico y el costo de tratar a Puerto Rico como un estado con el propósito de determinar la asignación de fondos bajo SSI, la parte D de Medicare y SNAP, constituyen bases racionales para las acciones del Congreso”, indicó Justicia federal.

Agregó que esos costos adicionales para el fisco estadounidense proveen, como mínimo, "un estado de hechos razonablemente concebible que podría proporcionar una base racional" para las disposiciones legales que se discuten en la demanda.


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