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El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. (GFR Media)

El gobierno de Puerto Rico solicitó al Tribunal Federal en San Juan que desestime la solicitud de desacato contra el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, y que se ordene al centro 330 Med Centro a someterse al proceso de quiebra bajo la Ley Promesa para recibir los pagos suplementarios.

Como anticipó ayer a El Nuevo Día, el Departamento de Justicia de Puerto Rico defendió hoy su determinación de suspender dichos pagos a Med Centro en una moción sometida al juez Gustavo Gelpí.

El juez le había solicitado que explicara por qué paralizaba ahora los pagos, después dos años de haberse acogido a la quiebra de Promesa, y en momentos en que le debía $1,659,548 millones a Med Centro.

El gobierno indicó que decidió detener los pagos debido a que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito emitió una opinión y orden el 22 de marzo pasado, “en la que reconoce por completo la aplicación de la paralización automática a todos los reclamos en el caso de Migrant Health Center, Inc. vs. Estado libre Asociado” (ELA).

Señaló que, hasta ese momento, el gobierno no tenía “una decisión final que obligaba la aplicación de la paralización”.

También argumentó que la paralización automática aplica porque se activó al momento en que el gobierno solicitó la quiebra, por lo que no era necesario que emitiera un aviso a la parte demandante.

Asimismo, planteó que el ELA “tiene el poder de controlar su territorio y sus instrumentalidades, incluyendo los gastos para tal ejercicio, por ende, permitiendo la emisión de pagos pese a la paralización automática”.

En su moción de hoy, el gobierno asegura que nunca ha pretendido dejar de hacer los pagos suplementarios que corresponden al primer cuarto del año 2019, como lo ha hecho con los centros demandantes en otros casos.

“Por el contrario, como este tribunal ha notado en su orden… el ELA ha emitido los pagos suplementarios para otros centros de salud federales cualificados, pero solo después de que esos demandantes en el caso hermano radicaron su (petición de) levantamiento de notificación de paralización”, sostuvo el gobierno en la moción.

Afirmó que el gobierno “considera favorablemente continuar con los pagos, pero nuevamente, en estricto cumplimiento” con las disposiciones de la Ley Promesa.


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