El juez federal Gustavo Gelpí en el 2017. (GFR Media) (semisquare-x3)
El juez federal Gustavo Gelpí en el 2017. (GFR Media)

El juez federal Gustavo Gelpí advirtió hoy que se tomará las acciones necesarias para asegurarse de que el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) encuentren la solución de atender las necesidades fiscales de la Reforma de la Policía.

“Si el Estado libre Asociado y su Junta Fiscal se mantienen en un impasse sobre este asunto, el Tribunal no escatimará en emitir una petición para cualquier remedio que sea apropiado”, sostuvo Gelpí en una orden emitida hoy en la tarde.

“La capacidad del Estado Libre Asociado de establecer adecuadamente la ley y el orden en la forma de una policía que cumpla con la Constitución no se puede ver obstaculizado por su junta fiscal, mientras este Acuerdo de la Reforma esté vigente”.

El tono de la resolución fue aún más fuerte que el de la orden de la semana pasada, cuando “urgió” al gobierno y a la Junta para llegar a un acuerdo económico sobre una nueva academia de policías para febrero pasado.

El juez indicó hoy que se enteró que el gobierno, la Junta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el monitor Arnaldo Claudio se reunirán mañana para discutir el presupuesto de la Reforma.

“Sin embargo”, señaló Gelpí, “el ámbito de la reunión debe ir más allá de una línea específica de un asunto de presupuesto. Una Oficina de la Reforma de la Policía, en sí misma, no puede lograr por sí sola la meta que se acordó por los gobiernos del Estado Libre Asociado y Estados Unidos, en el 2013, cuando el tribunal aprobó el Acuerdo para la Reforma de la Policía”.

“Para que la policía del Estado Libre Asociado logre cumplimiento completo, según el Acuerdo, el Estado Libre Asociado (incluyendo la Junta Fiscal) tienen que dar los fondos adecuados al Negociado de la Policía, no solo a la Oficina de la Reforma de la Policía”.

En reacción a la orden del viernes pasado, la Junta manifestó en una oración que se comprometía en ayudar al gobierno para encontrar una solución.

Para esta nueva orden, Gelpí no dudó en relacionar la necesidad de lograr la Reforma de la Policía con los objetivos planteados por la Ley PROMESA, estatuto federal que creó la Junta de Supervisión Fiscal.

“Sin ley y orden, ningún gobierno dentro de ls Estados Unidos - incluido el de un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso - puede funcionar, mucho menos reconstruirse a sí mismo como se contempla bajo PROMESA”.

No obstante, no es la primera vez que Gelpí hace alusión a PROMESA. En una vista celebrada en agosto pasado, el juez presidente de la Corte de Distrito federal en San Juan indicó que los procesos que se llevan a cabo por la Junta, con recortes de presupuesto gubernamental para pagar la deuda pública, no pueden afectar el acuerdo de la Reforma de la Policía.

“Este tribunal tiene un deber incansable bajo el Artículo III de la Constitución de Estados Unidos de garantizarle a los ciudadanos de esta jurisdicción un departamento de la policía completamente funcional, como lo pretenden las partes en el Acuerdo”, señaló Gelpí.

“Por esto, el tribunal observará celosamente todos los asuntos fiscales que impacten el Acuerdo, tanto directa como indirectamente”, afirmó.


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