El senador Abel Nazario. (GFR Media)

El juez Joseph N. Laplante estableció hoy, viernes, que el juicio por jurado contra el senador Abel Nazario se celebrará el 2 de marzo de 2020, luego de múltiples posposiciones.

Laplante, un juez de New Hampshire asignado a este caso, notificó que fue imposible encontrar una fecha más cercana como solicitó el acusado.  “A pesar de los esfuerzos del tribunal para dar cabida a un juicio en octubre de 2019, según lo solicitado por el acusado, los conflictos de programación han hecho que sea imposible celebrar un juicio durante ese mes”, según el registro del caso.

Esta es la tercera posposición del juicio, la primera ocurrió a petición de Nazario, pues todavía esperaba por documentos solicitados a dependencias gubernamentales y a la fiscalía para preparar su defensa. El juez Laplante fijó como fecha nueva de juicio el 5 de agosto, pero nuevamente fue pospuesto tras una conferencia telefónica sostenida entre las partes.  El acusado entonces pidió separar una fecha en octubre para el juicio, pero la fiscalía indicó que un testigo importante estaría fuera de Puerto Rico durante ese mes.

“Un testigo necesario en este caso de la Oficina del Contralor de Puerto Rico estará fuera de Puerto Rico del 17 al 30 de octubre de 2019”, lee la moción informativa presentada por el fiscal Scott Anderson, el 5 de agosto.    

Nazario se expone a una sentencia carcelaria de hasta 20 años si es encontrado culpable de los 39 cargos federales por los que se le acusó el 12 de septiembre de 2018. Los cargos están relacionados a la falsificación de documentos y el fraude electrónico por el pago irregular de nómina en el municipio, que dirigió desde 2001 a 2016.

Según la acusación, el exalcalde retuvo unilateralmente la compensación de 30 empleados municipales tales como barrenderos, encargados del mantenimiento de los parques y el cementerio, choferes, cuidadores de niños y telefonista. 

La investigación comenzó luego de que, en mayo de 2013, la Oficina del Contralor de Puerto Rico descubrió que los empleados municipales eran requeridos trabajar dos horas voluntarias diariamente y lo refirió al Departamento federal del Trabajo. La agencia federal determinó que se había violado la ley federal de normas laborales justas, por lo cual hizo un acuerdo con el alcalde para pagar a los empleados $588,961 que se le habían retenido injustamente de sus salarios.

“Después de recibir el salario al que tenían derecho por este acuerdo, les retuvieron su paga regular por ciertos periodos de tiempo por instrucción del acusado”, lee la acusación.

La falsificación de documentos supuestamente consistió en que Nazario firmó y certificó unos formularios del Departamento federal del Trabajo, en los que expresaba que le devolvería a los empleados su salario y no tomaría represalias contra ellos.


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