De acuerdo con la JSF, si el organismo no retiene esa potestad sobre el presupuesto, este no podrá tomar decisiones en torno a cúanto dinero se destinará a servicios, inversiones o a los acreedores. (horizontal-x3)
De acuerdo con la JSF, si el organismo no retiene esa potestad sobre el presupuesto, este no podrá tomar decisiones en torno a cúanto dinero se destinará a servicios, inversiones o a los acreedores. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha planteado a la magistrada Judith Dein que si da la razón al gobierno en torno al alcance limitado de ese organismo federal, ello podría afectar los procesos de renegociación de la deuda, incluyendo el acuerdo recién alcanzado entre los agentes que negocian la pertenencia del Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

“Las provisiones que retan los demandantes nunca fueron ‘recomendaciones’ en primer lugar”, reza el pedido de desestimación que la JSF presentó a la corte con la expectativa de que se destime el pedido de interdicto que ha solicitado el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Según el recurso radicado por la JSF, la oposición de Rosselló Nevares a implementar el presupuesto certificado por ese organismo responde a la renuencia de una clase política electa de efectuar las reformas necesarias para restablecer la disciplina fiscal en el territorio estadounidense.

“El gobernador ha caracterizado incorrectamente que las provisiones que ha cuestionado son recomendaciones porque él no quiere implementarlas y luego, envió una carta explicando porque rehusaba hacerlo. Pero las acciones del gobernador, no transformarán las medidas en un plan fiscal certificado en recomendaciones”, indicó la JSF señalando que sus actuaciones descansa en la sección 201 de Promesa. Dicha sección rige la aprobación de planes fiscales y presupuestos por parte de la JSF.

Entre los argumentos que Rosselló Nevares ha presentado contra la JSF acerca del abuso de poder de la JSF figura la restricción que ese organismo impuso en torno al uso de fondos de años anteriores que no han sido utilizado. Según el presupuesto certificado, el gobierno no podría asignar o reprogramar ninguna asignación presupuestaria sin el aval de la JSF.

De acuerdo con la JSF, si el organismo no retiene esa potestad sobre el presupuesto, este no podrá tomar decisiones en torno a cúanto dinero se destinará a servicios, inversiones o a los acreedores.

“Esto puede impactar las negociaciones presentes y futuras y las mediaciones y conducir a autoridades conflictivas sobre el uso de los fondos, incluyendo lo relacionado al acuerdo Cofina-Gobierno central”, reza el recurso de la JSF.

El planteamiento de la JSF supone el reconocimiento del organismo federal del posible impacto que la puja presupuestaria pudiera tener en el proceso de renegociación de la deuda y particularmente, en el único acuerdo concreto que se ha alcanzado a la fecha en torno a la deuda de Puerto Rico. Esto, porque en mayo pasado, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y la agente Bettina M. Whyte, que representa a Cofina, acordaron que en lugar de que la corte determine a qué parte pertenece el IVU, la partida pignorada de ese impuesto se dividirá entre Cofina y el gobierno central.

Este miércoles, se espera que el abogado principal de la JSF, Martin Bienenstock, elabore sobre las razones por las cuales la corte debe denegar el pedido de interdicto que ha radicado Rosselló Nevares. Esto, cuando se discuta la demanda del gobernador y aquella de los presidentes legislativos en torno a qué presupuesto debe prevalecer. Las partes se disputan porque luego de que el gobierno no derogara la Ley de Despido Injustificado, la JSF certificó su propio presupuesto, a la luz de Promesa.

El asunto es el tema más importante de la audiencia general sobre los casos de Título III que se celebra este miércoles en Hato Rey, litigio que ha propiciado que el exjuez y miembro de la JSF, Arthur González, haya acudido a la audiencia.

Además de las demandas de Rosselló Nevares y los presidentes legislativos, la agenda contempla discutir los procedimientos para divulgar el informe del investigador independiente de la JSF, Kobre & Kim, acerca de la deuda de la isla y el pedido del UCC para investigar el endeudamiento de la isla de manera separada.


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