La alcaldía de San Juan. (GFR Media) (semisquare-x3)
La alcaldía de San Juan. (GFR Media)

El Municipio de San Juan solicitó al Tribunal de Primera Instancia un interdicto permanente para detener el cobro de pensiones por parte del gobierno central sin antes proveer evidencia de que en efecto corresponden al municipio.

El recurso presentado el 30 de abril, alega que la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) está facturando cantidades erróneas sin proveer acceso al registro de pensionados requerido por la Ley 106 de 2017.

Señala, además, que la Unidad de Servicios de Retiro del municipio levantó una lista de 1,068 pensionados que supuestamente se pretendían cobrar ilegalmente.

"El Departamento de Hacienda y la Administración de los Sistemas de Retiro han facturado al Municipio de San Juan cantidades que no corresponden a los pensionados y beneficiarios provenientes del Municipio de San Juan", alega el recurso.

El recurso relata que el administrador de la ASR, Luis Collazo, contestó diez meses después de la primera carta cursada por el municipio. En su misiva de diciembre de 2018, "reconoció que 228 de los 1,068 pensionarios y beneficiarios que el análisis preliminar realizado por el Municipio logró identificar como inconsistencias o errores en la facturación, no correspondían a las obligaciones del Municipio de San Juan", reza el documento. 

La Unidad de Servicios de Retiro del municipio encontró que 132 de los pagos que se exigían eran personas fallecidas, 470 no tenían evidencia en la base de datos de que hayan sido exempleados del municipio, 340 no tenían información del beneficiario y 37 tenían números de seguro social duplicados. Otros 104 pensionados tenían un período de más de 4 años desde la separación del servicio en el Municipio, por lo que existía duda de si en efecto habían sido su último patrono.

“Las demandadas han rehusado proveer al Municipio la información necesaria para corroborar que el cómputo del Cargo Pay-Go se hizo correctamente… Dicho proceso ha sido manejado de forma arbitraria y caprichosa por las entidades gubernamentales demandadas”, lee el recurso presentado por los abogados Raúl Mariani Franco, Frank Torres Viada y Charlie M. Hernández.

La movida de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, surge en momentos en que la Junta de Supervisión Fiscal ha exigido a Hacienda y la ASR que tomen medidas contra  los municipios y entidades públicas que deben las pensiones. En su misiva del 30 de abril, el ente informó que San Juan debe $72 millones a la ASR.

La directora de la junta, Natalie Jaresko, exigió a la ASR instruir al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) a remitir las cantidades adeudadas de las pensiones del balance no gravado del impuesto sobre la propiedad y otros ingresos de la Ley del CRIM.  Exigió también establecer ese ingreso como gravamen de la deuda a la ASR.

En el recurso se pide que el tribunal declare ilegal la omisión de producir el registro de participantes, pensionados y beneficiarios, mientras simultáneamente intenta cobrar las pensiones, así como la omisión de dar acceso a la información que le permitiría corroborar el monto facturado.  

El gobierno municipal exige que también se declare ilegal la Carta Circular Núm 2019-01 emitida por el Departamento de Hacienda, por considerar que le priva del debido proceso de ley conferido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

En tanto, Collazo señaló que auditaron exhaustivamente las reclamaciones hechas por el municipio de inconsistencias en las facturas de 1,605 pensiones y solo prevaleció el 20%.

“Se revisó exhaustivamente su reclamación. Se envió notificación con evidencia junto a la contestación... Contamos con evidencia del detalle de los pensionados que les enviamos”, mencionó en declaraciones escritas.

Collazo indicó que, con esta demanda, la alcaldesa “solo busca subterfugios para no cumplir con su obligación” de pagar $77 millones en pensiones.


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