El Tribunal federal en San Juan. (GFR Media) (semisquare-x3)
El Tribunal federal en San Juan. (GFR Media)

El juez federal Gustavo Gelpí ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y al Municipio de San Juan que muestren causa de por qué el Tribunal Federal no debe solicitar la intervención del procurador general de Estados Unidos en una demanda de ese municipio contra el ente fiscal.

La alcaldía capitalina sometió una demanda el mes pasado contra la JSF para solicitar a la corte federal que excluya a San Juan de la lista de municipios bajo el control del ente creado por la Ley Promesa.

En la orden emitida hoy, Gelpí fijó una vista inicial para este miércoles, a las 3:30 de la tarde, en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.

“Además, las partes deben venir preparadas para inicialmente mostrar causa al tribunal de por qué los Estados Unidos de América, a través de su fiscal general, (William Barr), no se le debe intervenir, dado que el Municipio de San Juan reta la constitucionalidad de la Ley del Congreso”, ordenó Gelpí.

“Las partes deben discutir el asunto de la intervención antes de la conferencia de estatus, y de ser requerido, someter una orden propuesta para esos efectos”, agregó.

De acuerdo con la solicitud de interdicto y sentencia declaratoria presentado por el ayuntamiento, cuando la JSF declaró el 9 de mayo que los 78 municipios de Puerto Rico serían entidades cubiertas por el estatuto federal, lo hizo de manera “indiscriminada” y en ausencia de una base razonable.

A esos efectos, la administración de Carmen Yulín Cruz Soto solicitó al Tribunal Federal que impida su designación como entidad cubierta. En la alternativa, los abogados del municipio, Charlie Hernández y Raúl S. Mariani, pidieron una sentencia declaratoria que establezca que Promesa es inconstitucional cuando se trata de designar a una entidad cubierta bajo ese estatuto sin que exista una causa atada al propósito de esa ley, o porque los directivos de la JSF catalogaron a San Juan como una entidad cubierta sin tener autoridad para ello.

Esto último porque los directivos de la JSF ocupan sus cargos sin que sus nombramientos sean cónsonos con la Constitución de Estados Unidos.

Originalmente, la demanda había sido asignada al juez federal Pedro Delgado, pero se recursó el pasado 7 de junio, cuando el caso le fue transferido Gelpí, juez presidente del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, que también tiene ante sí varios casos de índole constitucional.


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