El Tribunal de San Juan emitió en verano pasado una orden de embargo para obligarle a pagar $4.7 millones para las pensiones de maestros de colegios. (semisquare-x3)
El Tribunal de San Juan emitió en verano pasado una orden de embargo para obligarle a pagar $4.7 millones para las pensiones de maestros de colegios. (Ramón “Tonito” Zayas)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aún no ha determinado si acogerá o rechazará la apelación presentada por las autoridades católicas a raíz de la demanda iniciada por maestros para reclamar el pago de sus pensiones.

El Supremo federal, que atiende pocos de los casos que llegan ante su consideración, distribuyó la documentación para discutir el recurso el 6 de marzo pasado, pero luego aplazó la conferencia una vez ese mes y dos veces en abril.

“Hay esperanza de que el Tribunal Supremo acoja este recurso por ser un caso extraordinario, dónde chocan la Ley Canónica que rige la Iglesia católica y la Ley de Quiebras”, sostuvo la licenciada Carmen Conde, abogada de la Arquidiócesis de San Juan en la Corte de Quiebras.

“La reciente desestimación de la quiebra por el juez de Quiebras el mes pasado se basó en la posición de las Diócesis de Ponce y Mayagüez, que mantienen que son autónomas e independientes de la Arquidiócesis de San Juan. La arquidiócesis ha apelado dicha determinación del juez de Quiebras”, agregó.

La Iglesia en la isla apeló la determinación del Supremo de Puerto Rico de que todas las diócesis son partes de una sola Iglesia católica en la isla. Ante esto, las seis diócesis tendrían que responder por la demanda que radicaron maestros de colegios católicos de San Juan para reclamar por el pago de sus pensiones.

Ante esa determinación, el juez federal Edward Godoy desestimó la petición de la protección de quiebra, por lo que las diócesis están expuestas al embargo de sus bienes ante la orden emitida por un tribunal estatal para cubrir el dinero de las pensiones adeudadas a maestros de colegios católicos.

La representación legal de los maestros ha planteado que esa estructura única de la Iglesia había sido definida mediante jurisprudencia hace décadas. Al estar todas las diócesis juntas, los reclamantes pueden solicitar una mayor compensación.

Por su parte, Conde pidió que se paralice el embargo mientras se espera por la apelación, pues ha tenido “un efecto nefasto”.

“Con el embargo, todos sus servicios básicos a los fieles fueron afectados, entre ellos, las misas, los servicios de la organización sin fines de lucro de ayuda Cáritas, la ayuda económica y social que la Iglesia presta en las comunidades, así como la operación de los colegios, sueldos a maestros y otro personal, entre otros muchos aspectos”, afirmó Conde.


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