Laura Taylor Swain. (GFR Media) (semisquare-x3)
Laura Taylor Swain. (GFR Media)

El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) de los casos de Título III ha solicitado a la jueza Laura Taylor Swain que, en vista del cercano vencimiento del plazo para tomar ciertas decisiones en los procesos de reoganización financiera, se establezcan los procesos a seguir para que se nombre un síndico para el gobierno central.

“Este remedio es necesario para asegurar que no se renuncie a ninguna acción de rechazo o cancelación (avoidance action) valiosa si la (Junta de Supervisión Fiscal o JSF) revela, en la víspera de la expiración de los límites estatutarios, que declinará continuar con una o más acciones de rechazo o cancelación”, reza la moción del UCC en la que se sugiere que los objetores al reclamo expresen su posición esta misma semana.

Según el recurso, el pasado 21 de marzo, el UCC -grupo creado por el Síndico de Estados Unidos para representar a los distintos acreedores no asegurados en los casos de Título III- solicitó a la JSF que no más tarde del próximo 1 de abril se presente una lista de las acciones de rechazo o cancelación que el organismo federal buscará adoptar como parte del proceso de reestructuración de las obligaciones del gobierno central.

“El Comité ha sido forzado a radicar una moción de procedimientos de manera urgente, no por alguna falta de diligencia de su parte, sino porque la JSF ha, -a pesar de la urgencia expresada por el Comité- proveer una lista de las acciones de rechazo o cancelación a las que dará curso”, reza la moción suscrita por el principal asesor legal del UCC, Luc A. Despins.

Casi justo después de su creación y por casi dos años, el UCC ha insistido repetidamente en que la corte autorice al grupo a efectuar ciertas diligencias propias de la reorganización de las deudas del gobierno. Entre otras cosas, el UCC solicitó llevar a cabo su propia investigación acerca de la legalidad de la deuda emitida por el gobierno central y en otras instancias, ha solicitado participar activamente o ser informado de procesos de negociación como sería el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sin embargo, ciertos pedidos del UCC fueron pospuestos por Swain, específicamente aquellos vinculados a la investigación de la deuda, pues la JSF realizaba su propia pesquisa que encomendó al investigador especial Kobre & Kim.

De acuerdo con el recurso del UCC buscó el consentimiento de la JSF para atender el reclamo procesal ahora ante Swain, pero no lo logró.

Entre otras cosas, la sección 546 del Código de Quiebras y que se implementa en el contexto de Promesa establece que ninguna acción o procedimiento como sería radicar reclamos contra terceros en un proceso de reorganización podría radicarse luego de que se cumplan dos años desde que se haya emitido una orden para atender una solicitud de bancarrota o haya transcurrido un año desde el nombramiento de un primer síndico para el deudor.

La JSF acudió a la corte federal con el pedido de Título III para el gobierno central el 2 de mayo de 2017, por lo cual, al organismo federal, al igual que al Comité Especial de Reclamaciones y al UCC le quedaría apenas un mes para tomar las acciones que entienda pertinentes.


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