Los delitos imputados están relacionados a hechos presuntamente ocurridos en el 2010. (GFR Media)

El exjefe de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Esteban Pérez Ubieta, irá a juicio a fin de este mes, tras emitirse hoy una determinación de causa en siete de las 10 denuncias por corrupción imputadas.

El juez Rafael Taboas Dávila, del Centro Judicial de San Juan, halló causa para juicio por dos cargos de intervención indebida en las operaciones públicas, dos cargos de falsedad ideológica y tres cargos de archivo de documentos falsos. 

En el Tribunal no prosperó el cargo de fraude ni el de falsificación de documentos  como tampoco se mantuvo una de las denuncias de archivo de documentos falsos.

El exjefe de Adsef bajo la administración de Luis Fortuño irá a juicio el 30 de octubre  acusado de haber limitado la competencia abierta entre compañías que aspiraban a prestar servicios a los participantes del programa federal TANF con el presunto objetivo de favorecer a las empresas Torna-Sol Inc. y Platinum Advisors Corp., cuyos dueños han estado ligados a administraciones del Partido Nuevo Progresista. 

Con su determinación de no causa en el delito de fraude, Taboas Dávila concurrió con el planteamiento de la defensa, representada por Carlos Sagardía Abreu y Antonio Sagardía De Jesús. Los abogados argumentaron que no se sostenía ese delito en tanto la contratación de las compañías no se hizo con  fondos estatales sino con transferencias hechas por el gobierno de los Estados Unidos para subsidiar este programa.

Sagardía Abreu alegó que la definición de fondos públicos contenida en  el Código Penal hace referencia únicamente a bienes del Estado Libre Asociado.

Los otros dos delitos por los que no hubo causa están relacionados con la presunta falsificación y el archivo de la portada de una propuesta entregada por una de las compañías seleccionadas para el programa TANF, para aparentar que había sido entregada en una fecha distinta a la radicada. El Tribunal entendió que no hubo prueba que vinculara a Pérez Ubieta en esa acción. 

El fiscal especial independiente Manuel Núñez Corrada dijo que evaluarán los planteamientos de derecho levantados respecto a la definición de fondos públicos para determinar si irán en alzada. Estas transferencias de fondos federales se mantienen en cuentas bancarias bajo la agencia pero separadas a la de los depósitos estatales.

“Analizaremos si en estrategia  vale la pena llevarlos (en una vista en alzada)  porque ya ha habido causa en siete delitos  que no conllevan probatoria”, dijo Núñez Corrada.

En tanto, el abogado Sagardía Abreu sostuvo que la determinación judicial acabó con la teoría de que  hubo un fraudeen esta agencia adscrita al Departamento de la Familia.

“En el caso no hay fondos públicos involucrados, lo que es una cuestión que arroja mucha luz de cómo las instituciones de ley y orden de Puerto Rico - particularmente la Oficina del Panel  sobre el Fiscal Especial Independiente - invierte miles de dólares y malversa miles de dólares de fondos públicos en procesar casos que no tienen base jurídica y que se les cae en los tribunales como ocurrió hoy (ayer)”, opinó el abogado.

Asimismo, señaló que en la etapa del juicio  se enfocarán en demostrar que no debe proseguir un caso que estuvo montado en una teoría “que se descalabró”.


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