Luis Castro Agis (semisquare-x3)
Luis Castro Agis enfrenta cargos por malversación de fondos públicos, violación a la Ley de Ética Gubernamental y perjurio. (GFR Media)

El inicio del juicio contra el exadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG) bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, Luis Castro Agis, se pospuso para mayo mientras dilucida las alegaciones de faltas al debido proceso esbozadas por la defensa.

El abogado defensor, Francisco Reyes Caparrós, pidió la desestimación del caso dado a que entiende que el Estado le ocultó que hubo un proceso competitivo previo a la adjudicación del contrato a Eko Tecnhologies, empresa de los convictos Anaudi Hernández Pérez y Héctor Vargas Soto.

Reyes Caparrós se refirió específicamente a una propuesta entregada por Genesis Security Services, la cual pretende usar como evidencia de que la adjudicación corrió conforme a ley, sin la intervención indebida de su cliente.

Contra esa alegación, la fiscal especial independiente, Zulma Fúster Troche, expresó al tribunal que esa prueba -a la cual la defensa denomina exculpatoria- en realidad podría servir a los efectos de inculpar a Castro Agis. “Si efectivamente, conforme alega el acusado, esta corporación presentó una propuesta…, la prueba sobre la intención criminal y el delito cometido se fortalece demostrando que incluso el acusado cometió el delito violando los derechos a la libre competencia”, comentó en su oposición a la solicitud de desestimación.

Agregó que “el hecho de que Génesis presentara una propuesta tiene el efecto de agravar la conducta de la parte acusada y no le beneficia en nada”.

De hecho, Castro Agis le prestó servicios de CPA a Génesis anteriormente, y la compañía mantenía relaciones contractuales con la ASG, destacó el PFEI.

El Panel le imputa haber acordado, con Hernández Pérez y Vargas Soto, la adjudicación de un contrato por $380,000 a la compañía de su propiedad Eko Technologies. Esto ocurrió luego de que la entonces secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, le ordenó cancelar los contratos que tuviese con ambos convictos de corrupción, quienes en ese momento eran procesados por las autoridades federales.

No pidió descubrimiento de prueba

Fúster Troche opinó que la defensa recurrió a estas alegaciones para “obtener el descubrimiento de prueba al que prácticamente renunció con su falta de diligencia”. Indicó así que a Reyes Caparrós se le pasó el término para solicitar el descubrimiento de prueba e intenta subsanar esa “negligencia” con mociones.

Reyes Caparrós también alegó que le ocultaron los acuerdos de cooperación con los testigos Vargas Soto y Hernández Pérez, así como sus antecedentes penales. Sin embargo, el PFEI argumentó que estos son de conocimiento amplio, se compartieron a la defensa durante la vista preliminar y no guardan relación con el caso presente.

Fúster Troche recordó que los acuerdos de cooperación de ambos testigos son a nivel federal, pues respecto a este caso, “ellos están declarando voluntariamente y a cambio de nada”. Indicó que el único acuerdo del PFEI con los testigos es con relación a la investigación contra la exsenadora María Teresa González.


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