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En la foto Xavier González, exadministrador de la Cámara (horizontal-x3)
A la izquierda Xavier González, exadministrador de la Cámara. (GFR Media)

La defensa del exadministrador de la Cámara de Representantes acusado por fraude solicitó la desestimación de cargos por entender que ese asunto fue resuelto en el Tribunal Federal.

Xavier Hernández Calderón fue condenado a tres años de cárcel el año pasado, luego de que se declarara culpable de participar en un esquema de corrupción gubernamental ideado por el  recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez.

Específicamente, González Calderón se declaró culpable de un cargo de conspirar para cometer fraude electrónico y otro de malversación de fondos públicos por favorecer ilegalmente en un proceso de licitación a la empresa 3Comm Global, de Hernández Pérez.

Posteriormente, González Calderón fue acusado por el Departamento de Justicia por cargos de extorsión, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado y intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

El tribunal encontró causa para arresto, pero todavía no hay fecha para el inicio de una vista preliminar. Al momento se han celebrado dos vistas de status, en las que se ha discutido la moción de desestimación.

El abogado de González Calderón, Ernesto Martínez, indicó que la Fiscalía está encausando a su cliente por lo mismo que se resolvió en el tribunal federal, de manera que invocó la regla 64F del Procedimiento Criminal, que se le conoce como “Cosa Juzgada”.

“Mi cliente está convicto en la esfera federal, por los mismos hechos. Hay una disposición de la regla 64F del Procedimiento Criminal de Puerto Rico, que establece como una razón para que proceda una moción de desestimación se llama ‘Cosa Juzgada’”, sostuvo Martínez.

“Los hechos que dan base a este caso, son exactamente lo mismo de la federal, y eso es cosa juzgada”, agregó.

Por su parte, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, representados por Leticia Pabón y Ramón Mendoza, entienden que la moción no procede.

“Una cosa son los delitos a nivel federal por el esquema federal, fondos federales, etcétera… y los elementos de jurisdicción federal que allí se vieron”, dijo Mendoza.

“Otra cosa son aquellos delitos relacionados a la función pública que a nivel estatal se han radicado, que es por la función pública, no necesariamente por el manejo u otros elementos relacionados a fondos federales o jurisdicción federal”, agregó. “Son cosas distintas”.


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