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Según el pliego acusatorio, Vázquez Morales y Orta Rodríguez cometieron actos de corrupción al recibir pagos en efectivo -a modo de soborno- del también acusado Juan Carlos Ortiz Nieves. (GFR Media)

Con su declaración de culpabilidad en corte federal, el exayudante especial de la alta jefatura del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Edgardo Vázquez Morales, admite haber participado en el esquema millonario de enriquecimiento ilícito a través de propuestas con fondos federales que alegadamente ocurrió en la agencia durante el pasado cuatrienio.

El 20 de junio de 2017, un gran jurado federal emitió un abultado pliego acusatorio que detallaba un supuesto esquema de fraude de $10 millones ocurrido en la agencia, lo cual desencadenó el arresto, en la mañana siguiente, del exsecretario del DRD, Ramón Orta Rodríguez, y otras seis personas, entre las que se encontraba su exayudante Vázquez Morales.

En aquel momento, ninguno de los coacusados admitió responsabilidad sobre los hechos que se le imputaban en el caso federal. Sin embargo, ayer, en una vista ante el juez Bruce McGiverin y representado por su abogado Manuel San Juan, Vázquez Martínez se declaró culpable de cuatro cargos criminales, por lo que confiesa haber cometido conspiración, robo de fondos federales y soborno.

La investigación apunta que, a través de la creación de corporaciones para recibir contratos con el DRD sin atravesar el proceso formal de subastas, los coacusados presuntamente se beneficiaron y enriquecieron ilícitamente con fondos federales administrados por el Departamento de Educación y la Administración de Vivienda Pública.

Según el pliego acusatorio, Vázquez Morales y Orta Rodríguez cometieron actos de corrupción al recibir pagos en efectivo -a modo de soborno- del también acusado Juan Carlos Ortiz Nieves, fundador de la empresa Sports Consultants, quien alegadamente recibió $72,000.

“El exsecretario Orta negoció un contrato de arrendamiento con Ortiz Nieves para que el DRD utilizara parte de la propiedad como una instalación deportiva y recreativa por cinco años a razón de $14,500 mensuales. Esta cantidad excedía el precio de $8,500 original propuesto por Ortiz Nieves… Ortiz Nieves creó Sports Consulting para transferir fondos (para) pagar los kickbacks (sobornos) en efectivo a Orta y Vázquez Morales”, ha explicado la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez.

Vázquez Morales, quien es hijo de un ayudante ejecutivo del alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla-, se desempeñó hasta mayo del 2017, como entrenador del equipo de tenis de mesa de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Como parte de la negociación con el fiscal federal Seth Erbe, se reduciría la sentencia de hasta 20 años de prisión a la que se exponía.

El resto de los coacusados

Anteriormente, en una vista de status ante el juez federal Pedro Delgado Hernández celebrada el 17 de noviembre, trascendió que el Ministerio Público federal estaba discutiendo con los abogados de los coacusados la posibilidad de llegar a acuerdos con las autoridades a cambio de una alegación de culpabilidad. Sin embargo, Orta Rodríguez, a través de su representante legal Francisco Rebollo, aseguró que no estaba interesado en cambiar su alegación.

Entre los cuatro coacusados restantes, figura el contratista Miguel Sosa Suárez, quien registró, en el 2014, la corporación Global Sports Initiative, mediante la cual obtuvo contratos de consultoría por $45 mil que supuestamente provenían del esquema, según la jefa de la fiscalía federal.

Sosa Suárez, además, había obtenido, bajo su nombre, contratos gubernamentales por $750,450 con agencias y municipios, y realizó donativos de campaña a figuras de alta jerarquía en el Partido Popular Democrático (PPD), como el exgobernador Alejandro García Padilla, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló, quien atraviesa un juicio actualmente por un caso de corrupción.

También está involucrado Oscar Rodríguez Torres, quien creó la corporación Rosso Group en 2013, y a través de la cual recibió $8.8 millones en fondos federales presuntamente como parte del esquema, según la investigación.

Por último, la acusación incluye a Irving Riquel Torres Rodríguez y a su esposa, Cecilia Amador López, quienes supuestamente se lucraron  ilícitamente a través de un contrato de servicios profesionales para consultoría de propuestas por $11,700.


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