Ramón Orta, exsecretario de Recreación y Deportes detenido por las autoridades federales. (GFR Media) (semisquare-x3)
Ramón Orta, exsecretario de Recreación y Deportes detenido por las autoridades federales. (GFR Media)

El exjuez federal José Fusté, quien ahora es uno de los abogados de la defensa del ex secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta, solicitó que la fiscalía adelante la entrega de las declaraciones anteriores de los testigos.

En su primera aparición como abogado desde que se retiró como juez federal, Fusté argumentó que no hay razón alguna para que la fiscalía no pueda suministrar esa evidencia a la defensa en este punto del proceso y que podría ayudar a agilizar el caso o incluso terminarlo sin la necesidad de ir a juicio, que está pautado para el 1 de octubre.

Fusté argumentó, como plantea la oficina de Servicios con Antelación a Juicio, Orta no involucra elementos que representen peligro para la comunidad ni de obstrucción de la justicia por interferencia con los testigos, razón por la cual la ley federal conocida como Jencks Act protege el descubrimiento de esa prueba cercana al juicio.

En su alocución en la sala ante el juez federal Pedro Delgado, Fusté describió el caso como “una jirafa de cuello largo con una corbata”.dale

“No exagero… Lo digo porque creo que hay asuntos del caso que son interesantes legalmente y hay serias consideraciones para atender antes de ir a juicio”, sostuvo Fusté.

Agregó que “mi petición es urgir (al fiscal) Erbe que considere y recomendar al tribunal que debemos tener (el material protegido por el) Jens Act para que nos ayude a todos a disponer del caso en una mejor posición”.

Señaló, además, que en la revisión hecha al expediente del caso encuentra alegaciones “complicadas” relacionadas a “conspiraciones múltiples” y cargos que quizás se pudieran desestimar.

Las acusaciones contra Orta se remontan al 21 de junio de 2017, cuando fue arrestado por cargos relacionados a un supuesto esquema de fraude para enriquecimiento ilícito valorado en unos $9.9 millones.

“Como abogado experimentado, entiendo que las mociones se deben atender con cuidado y urjo al señor Erbe que este material se entregue para que se le pueda dar buen uso y no un uso irresponsable”, abundó Fusté.

Además, planteó que dicho material se puede entregar con una restricción para que solamente la defensa, los fiscales y el tribunal tengan acceso, de manera que no se afecte el caso.

Por su parte, Erbe no se mostró inclinado a aceptar dicho descubrimiento de prueba en este punto y recordó que el tribunal ya había determinado una fecha en junio para la entrega de ese material a la defensa.

“Nos preocupa con este caso oír un intento de usar los Jencks para desestimar”, dijo Erbe.

Argumentó que no hay precedentes de casos que establezcan la necesidad de esa prueba para mociones de desestimación y cuestionó que se haga una comparación de este caso con uno civil.

De igual manera, indicó que la fecha ya planteada para la entrega de esa prueba es en junio, lo que permite un periodo de tiempo de varios meses para que la defensa pueda utilizarlo antes del inicio del juicio, pautado para el 1 de octubre.

Asimismo, adelantó que para el viernes de la próxima semana someterán su oposición a la moción previa de la defensa para desestimar el caso contra Orta.

Acto seguido, Fusté adelantó que solicitarán al tribunal una orden para que la fiscalía adelante la entrega de las declaraciones anteriores de testigos.

Para el juez Delgado, decidir ayer mismo era prematuro, así que dijo que esperará la oposición de la fiscalía a la moción de desestimación y le concedió 10 días a la defensa para contestar.

Ante ese escenario, invitó a la defensa a poner por escrito la solicitud para entonces tomar una determinación más adelante.

Según la acusación contra Orta, el esquema consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal, con propuestas gestionadas a través del DRD.

De los siete coacusados, Orta es el único que no se ha declarado culpable.

El primer coacusado en declararse culpable fue Edgardo Vázquez Morales, precisamente el ayudante especial de Orta Rodríguez, quien se declaró culpable el 13 de febrero de los cargos de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense y soborno relacionado con programas recipientes de fondos federales.

Mientras, Irving Riquel Torres Rodríguez sometió formalmente una petición para cambiar su alegato de culpabilidad, convirtiéndose en el sexto coacusado en llegar a un acuerdo con Fiscalía federal, representada por Seth Erbe.

Según la investigación, el esquema de enriquecimiento ilícito valorado en unos $9.9 millones consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal, con propuestas gestionadas a través del DRD. Todos los empresarios que encabezaban las compañías que supuestamente se lucraron del esquema o que incurrieron en actos ilícitos, se han declarado culpables.

Torres Rodríguez, a través de su compañía Administrative Environmental and Sports Consultants (AESC), tuvo un contrato con Orta Rodríguez de servicios profesionales para consultoría de propuestas, valorado en $11,700. Sin embargo, según se deriva de la investigación, la corporación con fines de lucro recibió $554,246.89 producto del esquema.

Juan Carlos Ortiz Nieves, fundador de Sports Consultants, se declaró culpable de haber sobornado a los dos funcionarios públicos, ofreciéndoles pagos en efectivos a cambio del arrendamiento de una propiedad en Guayama a precio inflado. La semana pasada, la esposa de Torres Rodríguez, Cecilia Amador López, cambió su alegato de culpabilidad en una vista sellada.

Anteriormente, tanto Miguel Sosa Suárez -fundador de Global Sports Initiative-, como Oscar Rodríguez Torres -fundador de Rosso Group-, se declararon culpables de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.

De acuerdo con el pliego acusatorio, entre noviembre y diciembre de 2012, los coconspiradores se reunieron en la casa de Isla Verde de Torres Rodríguez para discutir proyectos del Departamento de Educación y acordaron que Amador López se encargaría de crear propuestas a nombre del DRD para someterle a la agencia educativa. En caso de que las propuestas se aprobaran, Torres Rodríguez y Amador López administrarían el proyecto, Rodríguez Torres lo financiaría, Sosa Suárez administraría el presupuesto y la contabilidad, y se dividirían las ganancias entre los tres. En efecto, se llegaron a firmar varios acuerdos interagenciales.

Surge de la acusación que Orta utilizó su puesto para beneficiar a las corporaciones creadas por los coacusados, otorgándoles contratos sin que mediaran los debidos procesos de licitación y, a cambio, recibió pagos en efectivo, además de arreglos en su residencia y pagos asociados con viajes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 y los Juegos Panamericanos del 2015.


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