El caso se ve en el Tribunal de San Juan. (Luis Alcalá del Olmo)

Luis José Reyes podría cumplir una pena de 50 años de cárcel por el asesinato de Ana Roque Merejo -a quien asesinó con un cuchillo y cuyo cuerpo colocó en un carrito de compras y lo quemó parcialmente- de aceptar un acuerdo conversado entre la defensa del imputado y el Ministerio Público.

“Aquí hubo unas conversaciones entre la defensa y el Ministerio Público y esas conversaciones se notificaron al Departamento de Justicia. Allá se discutió el caso, los méritos y las circunstancias y hay una recomendación a esos efectos que esperemos se pueda informar, notificar y ejecutar como corresponde el 5 de noviembre”, señaló la fiscal Laura Hernández, quien no detalló en qué consiste el acuerdo. 

Sin embargo, El Nuevo Día supo que Reyes estaría aceptando una pena de 50 años de cárcel por el asesinato de la mujer de 44 años y madre de dos menores. No sería hasta extinguidos 41 años que tendría derecho a bonificar.

“Las conversaciones con el Ministerio Público están bastante adelantadas. Renunciamos a la vista preliminar con miras a la posibilidad de que se llegue a un preacuerdo posteriormente”, explicó el licenciado Luis R. Viera, representante de Reyes, a su salida de sala. 

La vista se llevó a cabo en el Centro Judicial de San Juan ante la jueza Yazdel Ramos. Por los hechos ocurridos el pasado 24 de junio, contra Reyes pesan cargos por asesinato en primer grado, declaración falsa de delito, destrucción de prueba y violaciones a la Ley de Armas y Ley 54 de Violencia Doméstica.

La fiscal Hernández explicó que es el Tribunal Superior quien valida cualquier recomendación acordada y no la jueza o el juez que atiende la vista preliminar. “Ya hay certeza de unas conversaciones, pero nosotros no estamos autorizados en notificarlas y discutirlas porque es que el Tribunal Superior ese día le da una probación”, sostuvo.

Gladys Merejo, tía materna de Ana, validó el acuerdo luego de discutir todos los escenarios posibles. Al momento, el único testigo con el que cuenta el Ministerio Público es el padre del imputado. “Al principio decía que (el acuerdo) no era justo porque creía que debía pasar 80 a 90 años en la cárcel, pero discutimos algunos casos y acepté que se le presentara el acuerdo… si yo hubiese tenido más testigos para este caso yo lo llevo hasta el fin, pero como el testigo es el propio padre de él y es un señor mayor. Yo no sé lo que puede pasar mañana…”, sostuvo.

Merejo también discutió el acuerdo con la madre y la hermana de Ana que viven en la República Dominicana.

“Ellos nos dieron el consentimiento y avalaron el mismo y entonces esperamos que ese 5 de noviembre le podamos hacer justicia a Ana”, agregó Hernández.

José Rodríguez del Comité cuestionó el hecho de que la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos del Departamento de Justicia no asista a la familia de Ana por ésta no haber estado legalmente en el país. Dijo que esta directriz se había eliminado bajo la administración de Alejandro García Padilla a través de una orden administrativa.

“Por no tener su estatus regularizado se revictimiza a la víctima”, añadió el líder de la comunidad dominicana en la Isla.

Para lo único que cualificó la familia e hijos de la víctima es para asistencia psicológica, contó Merejo. Sin embargo, la Oficina da otros servicios como ayuda económica y humanitaria y orientación en los procesos judiciales.  

“Esta administración que nunca ha dicho cuál es su política pública con los inmigrantes, vuelve y criminaliza y también discrimina a una mujer que está enterrada”, denunció Rodríguez, quien reclamó acción por parte de la gobernadora Wanda Vázquez. 

Rodríguez sostuvo que Vázquez debe responder “si es una disposición de ella cuando dirigió el Departamento de Justicia o si es una directriz de la administración pasada validada por ella”.


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