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Irving Riquel Torres (der.) enfrentaría una pena de cárcel de seis años y medio y se le confiscarían $1,025,703.03 de tres cuentas a su nombre y el de su compañía. (semisquare-x3)
Irving Riquel Torres (der.) enfrentaría una pena de cárcel de seis años y medio y se le confiscarían $1,025,703.03 de tres cuentas a su nombre y el de su compañía. (Vanessa Serra Díaz)

El empresario Irving Riquel Torres Rodríguez, acusado junto al exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) Ramón Orta Rodríguez de haber participado en un esquema millonario de enriquecimiento ilícito a través de propuestas de fondos federales, se declaró culpable hoy, lunes, de seis cargos que pesaban en su contra a nivel federal.

Frente al juez federal Pedro Delgado Hernández, quien preside el caso, Torres Rodríguez se declaró culpable de los cargos de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico, fraude postal y conspiración para lavado de dinero

En caso de que, en la vista de sentencia calendarizada para el 22 de octubre, Delgado Hernández consienta el acuerdo llegado entre el fiscal federal Seth Erbe y el abogado Israel Roldán González, Torres Rodríguez enfrentaría una pena de cárcel de seis años y medio y se le confiscarían $1,025,703.03 de tres cuentas a su nombre y el de su compañía.

En cambio, la Fiscalía desestimaría más de una decena de cargos por transacciones monetarias ilegales.

Además, Torres Rodríguez renunció a su derecho a apelar la vista de sentencia en caso de que sea igual o menor a esos 78 meses. No obstante, de acuerdo a las guías de sentencia correspondientes a los cargos en los que se declaró culpable, el excontratista se expone a una pena de 20 años.

Así, Torres Rodríguez es el sexto coacusado del caso en declararse culpable, dejando solo al extitular de agencia Orta Rodríguez de cara al juicio por el presunto esquema de fraude que se originó en la agencia bajo la pasada administración.

Según la investigación, el esquema de enriquecimiento ilícito valorado por las autoridades en unos $9.9 millones, consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda federal, con propuestas gestionadas a través del DRD. 

Torres Rodríguez, mediante su compañía Administrative Environmental and Sports Consultants (AESC), firmó un contrato con Orta Rodríguez de servicios profesionales para consultoría de propuestas, valorado en $11,700. Más adelante, según se deriva de la investigación, la corporación con fines de lucro recibió $554,246.89 producto del esquema, y Torres Rodríguez, en su carácter personal, amasó $762,642.50.

De acuerdo con el pliego acusatorio, entre noviembre y diciembre de 2012, los coconspiradores se reunieron en la casa de Isla Verde de Torres Rodríguez para discutir proyectos del Departamento de Educación. Según la admisión de culpabilidad de Torres Rodríguez, en esa ocasión, el exsecretario del DRD les explicó a los coconspiradores que podían obtener un excedente monetario a través de dichos proyectos sometiendo propuestas, que, una vez aprobadas, los habilitara para administrar los programas por un precio menor al costo acordado con Educación, quedándose así con el sobrante.

En esa fecha, lee la acusación, entre todos acordaron que Amador López se encargaría de crear propuestas a nombre del DRD para someterle a la agencia educativa. En caso de que las propuestas se aprobaran, Torres Rodríguez y Amador López administrarían el proyecto, Rodríguez Torres lo financiaría, Sosa Suárez administraría el presupuesto y la contabilidad, y se dividirían las ganancias entre tres. En efecto, se llegaron a firmar varios acuerdos interagenciales.

Además, bajo la pasada administración, la compañía de Torres Rodríguez tuvo diez contratos con la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), dirigida entonces por la ahora convicta por corrupción Sally López Martínez, y otros dos contratos con el Municipio de Sabana Grande. En el documento de admisión de culpabilidad, también se destaca que Torres Rodríguez sometió propuestas al Departamento de Educación a nombre de dicho Municipio, haciendo falsa representación de que la entidad administraría los proyectos “Verano Educativo” y “Desarrollo Continuo” utilizando solo personal del Ayuntamiento. 

De haber acudido al juicio, sostuvo el fiscal federal Erbe, el gobierno estadounidense hubiese presentado prueba en su contra a través de grabaciones de audio, mensajes de correo electrónico, mensajes de texto, fotografías, contratos gubernamentales, registros bancarios, entre otra evidencia documental y testimonial.

Para el próximo 29 de junio está pautada una vista de status para Orta Rodríguez, representado por el abogado Francisco Rebollo Casalduc. Surge de la investigación que el exfuncionario público utilizó su puesto para beneficiar a las corporaciones creadas por los coacusados, otorgándoles contratos sin que mediaran los debidos procesos de licitación, y, a cambio, recibió pagos en efectivo, además de arreglos en su residencia y pagos asociados con viajes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 y los Juegos Panamericanos del 2015.

Todos los empresarios que encabezaban las compañías que supuestamente se lucraron del esquema o que incurrieron en actos ilícitos, se han declarado culpables.

El martes pasado, Juan Carlos Ortiz Nieves, fundador de Sports Consultants, se declaró culpable de haber sobornado a los dos funcionarios públicos, ofreciéndoles pagos en efectivos a cambio del arrendamiento de una propiedad en Guayama a precio inflado. Una semana antes, la esposa de Torres Rodríguez, Cecilia Amador López, cambió su alegato de culpabilidad en una vista sellada. 

Anteriormente, tanto Miguel Sosa Suárez -fundador de Global Sports Initiative-, como Oscar Rodríguez Torres -fundador de Rosso Group-, se declararon culpables de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. 

Y el primero en llegar a un acuerdo con Fiscalía y cambiar su alegato fue Edgardo Vázquez Morales, precisamente el ayudante especial de Orta Rodríguez, quien, el pasado 13 de febrero, admitió haber cometido conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense y soborno relacionado con programas recipientes de fondos federales.


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