El caso se dilucida en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Apelaciones en Boston. (GFR Media)

La comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, solicitó comparecer como amiga de la corte en apelación al caso de discrimen por la exclusión del programa de Seguro Social Suplementario (SSI, en inglés) en Puerto Rico.

El caso está ante la consideración del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, luego que el Departamento de Justicia federal apeló la decisión del juez presidente del Tribunal Federal de Distrito, Gustavo Gelpí, a favor del residente en la isla José Luis Vaello Madero. 

El gobierno federal demandó a Vaello Madero para que devolviera pagos del SSI que recibió mientras vivía en Puerto Rico, pero el juez Gelpí determinó que el Congreso de Estados Unidos viola derechos constitucionales a los residentes de Puerto Rico al no otorgar los beneficios del SSI.

“De todas las disparidades que enfrentan los estadounidenses que viven en Puerto Rico, ninguna es tan impactante para la conciencia como la disparidad en la asistencia disponible para los ciudadanos más vulnerables”, reza la solicitud que González radicó ayer, por conducto de su abogada, Verónica Ferraiuoli.

Según una tabla comparativa, el beneficio mensual promedio del SSI asciende a $553 en contraste a los $77 mensuales que se ofrecen bajo el programa de Asistencia a los Envejecientes, Ciegos y Discapacitados (AABD, en inglés) que aplica a los territorios.

González comentó que el programa AABD cobija a una novena parte de las personas de edad avanzada y con discapacidades que cualificarían bajo el SSI. La implementación del SSI en Puerto Rico hubiera representado 54 veces más dinero para los individuos sin habilidad de sustentarse ellos mismos, mencionó citando estudios de la Oficina de Contabilidad de Estados Unidos.

El programa SSI brinda asistencia económica directa a personas de bajos ingresos mayores de 65 años y a personas con discapacidades. A diferencia del Seguro Social, que se financia con impuestos sobre la nómina, SSI se financia con ingresos del Fondo General, uno de los argumentos que usó González.


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