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Héctor O'Neill, exalcalde de Guaynabo. (GFR Media)

La jueza Nerisvel Durán Guzmán declaró no ha lugar la moción de desestimación del cargo por actos lascivos que pesa contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill.

Ante la determinación de la jueza durante una vista de estatus en la sala 704 del Tribunal de Bayamón, la defensa del ex primer ejecutivo municipal adelantó que acudiría al Tribunal de Apelaciones para que se reconsidere la decisión.

“Tenemos instrucciones de nuestro representado de recurrir a esa determinación”, afirmó el licenciado Harry Padilla. “Yo estoy convencido que ese caso está prescripto, en mi opinión profesional, yo tengo la razón”, añadió el licenciado en declaraciones a El Nuevo Día a su salida de la sala.

Asimismo, la jueza declaró parcialmente una petición de la defensa para citar cinco nuevos testigos, dejando fuera de ese grupo a la gobernadora Wanda Vázquez -en calidad de exsecretaria de Justicia-, y a Ricardo Rosselló Nevares, en calidad de exgobernador.

El Tribunal, sin embargo, dio paso a la citación de la fiscal que investigó el caso, Lynet Velázquez Grau, así como al licenciado Antonio Bauzá Torres y al esposo de la víctima.

“Lo que yo quería cubrir con el señor gobernador y la señora gobernadora actual, posiblemente lo pueda cubrir con la fiscal”, dijo el abogado. No obstante, los fiscales de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) adelantaron que también acudirían a Apelaciones para que se reconsidere la determinación de citar esos testigos.

“No podemos permitir que un acusado tenga acceso al esposo de la víctima. Lo que elabora el abogado son teorías y eso no es suficiente para que el tribunal emita una orden citando ese testigo. Eso está reglamento pro el Código Uniforme de Citación de Testigos Estatal y exige que el Tribunal emita una resolución con hechos específicos”, sostuvo el fiscal Miguel Colón.

“Entendemos que es un subterfugio para acercarse a la víctima y para amedrentarla”, añadió la fiscal Leticia Pabón.

Ambos fiscales también cuestionaron si las condiciones de fianza impuestas al exalcalde son demasiados amplias en comparación al trabajo para cual solicitó ese tiempo. Explicaron que O’Neill mantiene un contrato de asesoría con una compañía de arquitectura y las condiciones establecen que para cumplir con ese contrato puede estar fuera de su hogar de lunes a sábado, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

“Hemos recibido información que se pasa en negocios donde se expiden bebidas alcohólicas y eso es una prohibición que expresamente está en sus condiciones de confianza, no puede estar en sitios donde se expidan bebidas alcohólicas”, indicó Colón.

Ambos fiscales indicaron que, en un video entregado a la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, O’Neill aparece reunido con sus hijos y con personal actual del Municipio de Guaynabo.

“Nuestra impresión era que estaba reunido con los hijos y con personal del municipio. Este señor ya no es alcalde”, manifestó Colón. La jueza pautó para el 2 de diciembre la siguiente vista de estatus.

Debaten sobre la prescripción del delito

El abogado presentó un escrito ante la jueza el pasado mes en el que el cargo por el cual se acusa a O’Neill prescribió, basando su argumento en lo que establece el Código Penal de 2004, que aplica a la fecha en la que presuntamente sucedieron los hechos.

Dicho Código indica que un cargo bajo el Artículo 144 (Actos Lascivos) prescribe a los cinco años. Los hechos por los cuales se acusa al exalcalde de Guaynabo ocurrieron en el 2011, pero la acusación fue en el 2017.

“Ese caso tiene más de cinco años después de los alegados hechos. Yo estoy convencido que se va a desestimar”, reiteró Padilla, luego de la vista de hoy.

El Código Penal fue enmendado en el 2012 y la prescripción del Artículo 144 se aumentó a 20 años. En la acusación, dijo el abogado, los fiscales de la OPFEI utilizaron el texto del Código de 2004, pero la vigencia del Código de 2012.

La jueza no ofreció detalles sobre las razones de sus determinaciones, aunque dijo que estarían disponibles por escrito para las partes.

Los fiscales habían argumentado en declaraciones previas que, en el caso de un funcionario público, el cargo no prescribe.

“Eso sería así, según el Código Penal que estaba vigente a la fecha de los hechos, excepto que él es un funcionario público o lo era en aquel momento y los delitos que cometen los funcionarios públicos, relacionadas con sus funciones, no prescriben, y esa parte no fue parte del escrito de la defensa, será parte de la nuestra”, había enfatizado Pabón.

De acuerdo con la acusación, mientras O’Neill se desempeñaba como alcalde en o para el 22 de diciembre de 2011, de manera ilegal, voluntaria, criminal e intencionalmente, a propósito, y con conocimiento utilizó sus deberes, facultades de su cargo y la propiedad pública municipal para obtener para él un beneficio personal o privilegio no permitido por ley.

“El imputado en las facilidades de la oficina de la alcaldía, incurrió en unos acercamientos de naturaleza sexual no deseados con Mayra Vázquez Santiago, quien era subalterna y se desempeñaba como Técnica de Recate en el Departamento de Manejos de Emergencias en el Municipio de Guaynabo, y aprovechándose de su posición de alcalde utilizó la fuerza o intimidación para tocarle los senos, las nalgas, le lamió el área del abdomen, le subió la camisa y trató de besarla en la boca, y ante el rechazo de esta, le instruyó que no le divulgara lo sucedido a nadie”, sostiene la acusación.

O’Neill enfrenta un segundo caso por violaciones a la Ley de Violencia Doméstica (maltrato y agresión sexual) y la Ley de Ética Gubernamental, así como acoso sexual y exposición deshonesta, con hasta 25 años de cárcel.

El caso de Yenetamine Díaz se atiende de forma separada al de Vázquez Santiago. En el segundo caso la jueza María Trigo determinó a finales de agosto que la selección del jurado comenzará el 14 de enero de 2020 y se extendería hasta el 28 de febrero.


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