Luis Castro Agis, derecha se expone a una pena carcelaria de hasta 15 años. (GFR Media) (semisquare-x3)
Luis Castro Agis, derecha se expone a una pena carcelaria de hasta 15 años. (GFR Media)

La jueza Eloína Torres Cancel, del Tribunal de San Juan, pautó para el 20 de diciembre el inicio del juicio por corrupción contra el exadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG), Luis Castro Agis.

Esta mañana el abogado Francisco Reyes Caparrós, quien recientemente se unió al equipo de la defensa, solicitó tiempo adicional para prepararse y le peticionó a la magistrada que acogiera una moción para ordenar el proceso de descubrimiento de prueba en el caso. Torres Cancel se opuso al pedido al argumentar que Castro Agis siempre ha estado representado legalmente, que la lectura de acusación ocurrió “hace meses” y que en ningún momento su equipo legal había presentado una moción a esos fines.

La jueza dejó en manos de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la entrega de cualquier evidencia adicional a la defensa y les dio a los abogados de Castro Agis hasta el 7 de diciembre para anunciar si les interesa que se celebre un juicio por jurado o por tribunal de derecho.

Al salir de sala, Reyes Caparrós indicó que haría un acercamiento a la OPFEI, ya que entiende que existe prueba “que pude ayudar a la defensa”.

Sin embargo, a preguntas, dijo que no descarta nada, incluso un nuevo acercamiento a la fiscalía representada por Zulma Fúster e Iris Meléndez, para un posible acuerdo. Un acercamiento inicial de la defensa, integrada también por Roberto Otero Ortega y hasta hace un mes por Juan Ramón Acevedo, no finalizó en un acuerdo luego que una contra oferta de la OPFEI fuera rechazada por la defensa.

Castro Agis fue acusado criminalmente el 12 de julio de 2017. En síntesis, se le acusa de recibir dinero en efectivo y privilegios de parte de Anaudi Hernández Pérez y el exsocio de este, Héctor Vargas Soto a cambio de otorgarles un contrato por $380,000 a la empresa 3Comm Global. Cuando se inició la investigación federal sobre los actos de corrupción de Hernández Pérez, la entonces secretaria de la gobernación, Ingrid Vilá, ordenó cancelar el contrato de 3Comm Global.

Según la OPFEI, Hernández Pérez y Vargas Soto le cambiaron el nombre a la empresa a Eko Technologies para continuar con el contrato.

La OPFEI tenía disponibles para testificar hoy a Hernández Pérez, a Vila y a Rafael García Blanco, un empleado de la ASG.

“Bajo ese subterfugio. Ese contrato que se había ordenado cancelar se le da con otro nombre. En el ínterin, ellos (Vargas Soto y Hernández Pérez) le dan en calidad de un supuesto préstamo, $5,000 que nunca se paga”, dijo Fúster en entrevista con El Nuevo Día.  

Castro Agis enfrenta cargos por perjurio, ya que no reportó ese ingreso en sus informes ante la Oficina deÉtica Gubernamental. También fue acusado por malversación de fondos e influencia indebida. Se expone a una pena carcelaria de hasta 15 años.

El exfuncionario también fue acusado por recibir taquillas para conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, pero esos cargos no prosperaron en vista preliminar.


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