El exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, enfrenta un caso por actos lascivos. (GFR Media)

La jueza Nerisvel Durán Guzmán reiteró hoy, lunes, que la defensa legal del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, tiene derecho a la citación de varios testigos, incluyendo al esposo de la presunta víctima en el caso por actos lascivos.

Durante una vista de estatus en el Tribunal de Bayamón, Durán Guzmán sostuvo que la representación del ex primer ejecutivo municipal “cumplió con todos los procesos necesarios para determinarse que (los testigos) eran personas que podían aportar información con relación al caso y que son sumamente pertinentes al caso”.

Además, la jueza manifestó que el Tribunal no encontró razón para concluir que el motivo de la citación de Joebennie Acosta Ramírez por parte de la defensa, “sea intervenir de alguna forma o manera con la alegada perjudicada”.

Los otros dos testigos que también serán citados son la fiscal que investigó el caso, Lynet Velázquez Grau, y el licenciado Antonio Bauzá Torres.

Ante la determinación de la jueza, los fiscales de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) a cargo del caso -que habían solicitado la reconsideración del asunto- no descartaron acudir al Tribunal de Apelaciones.

“Nosotros hemos evaluado la posibilidad de llevar ese asunto al Apelativo y en estos días vamos a tomar una determinación”, sostuvo la fiscal Leticia Pabón en declaraciones a El Nuevo Día.

Ante el Apelativo la desestimación

Ese no sería el único asunto que el Tribunal de Apelaciones tendría ante sí respecto al mismo contra O’Neill. La defensa legal del exalcalde confirmó a este medio que radicó un recurso apelativo en el que solicita la desestimación del cargo por actos lascivos contra el exfuncionario, como había anticipado el pasado 24 de octubre cuando la jueza Durán Guzmán declaró no ha lugar una moción de desestimación.

“Ya yo acudí al Tribunal de Apelaciones y el día 15 de noviembre el Tribunal emitió una resolución, la cual notificaron el 20 de noviembre, donde le concede al fiscal 15 días para fijar posición”, explicó el abogado Harry Padilla.

El abogado presentó un escrito ante la jueza en septiembre en el que planteó que el cargo por el cual se acusa a O’Neill prescribió, basando su argumento en lo que establece el Código Penal de 2004, que aplica a la fecha en la que presuntamente sucedieron los hechos.

Dicho Código indica que un cargo bajo el Artículo 144 (Actos Lascivos) prescribe a los cinco años. Los hechos por los cuales se acusa al exalcalde de Guaynabo ocurrieron en el 2011, pero la acusación fue en el 2017.

El Código Penal fue enmendado en el 2012 y la prescripción del Artículo 144 se aumentó a 20 años. En la acusación, dijo el abogado, los fiscales de la OPFEI utilizaron la vigencia del Código de 2012, aunque por la fecha de los alegados hechos aplicaría lo que establece el Código de 2004, indicó el abogado.

“Yo estoy planteando que ese cargo tiene un periodo prescriptivo de cinco años y que los cinco años se habían pasado cuando se radicó por primera vez”, reiteró Padilla.

Los fiscales tienen hasta el jueves, 5 de diciembre, para plantear su posición ante el Apelativo, aunque adelantaron a este medio que solicitarán al Tribunal “desestimar la apelación de plano”. Su argumento es que, independientemente de la prescripción que establece el Código, los cargos graves contra funcionarios públicos no prescriben.

“Entendemos que la ley es clara, la Legislatura dispuso en el 2004 que todo delito grave cometido por un funcionario público estando en funciones no prescribe”, afirmó el fiscal Miguel Colón. “No puedo entender qué no se entiende de eso”, manifestó.

Por su parte, Pabón sostuvo que la jueza fue clara en su resolución al declarar no ha lugar la petición de desestimación, respecto a que “no había duda de que (O’Neill) era un funcionario público y de que estaba en sus funciones (cuando ocurrieron los alegados hechos)”.

La jueza Durán Guzmán fijó para el 7 de febrero la próxima vista de estatus.

“Tan pronto este asunto se dilucide vamos a seguir insistiendo en empezar a escoger jurado. No podemos permitir que un abogado o un sistema arreste un proceso, dilatándolo, para que no se vea”, denunció Colón.

De acuerdo con la acusación, mientras O’Neill se desempeñaba como alcalde y aprovechándose de esa posición, en o para el 22 de diciembre de 2011, de manera ilegal, voluntaria, criminal e intencionalmente utilizó sus deberes, facultades de su cargo y la propiedad pública municipal para obtener para él un beneficio personal o privilegio no permitido por ley.

“El imputado en las facilidades de la oficina de la alcaldía, incurrió en unos acercamientos de naturaleza sexual no deseados con Mayra Vázquez Santiago, quien era subalterna y se desempeñaba como Técnica de Recate en el Departamento de Manejos de Emergencias en el Municipio de Guaynabo”, sostiene la acusación.


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