(semisquare-x3)
Rafael Ramos Sáenz frente a la sede de la Comisión Estatal de Elecciones. (GFR Media)

La jueza Leyla Graulau Igartua se reservó el fallo sobre la moción de desestimación presentada por la defensa sobre los 17 cargos de aprovechamiento ilícito que pesan contra el exjuez Rafael Ramos Sáenz , por lo que la vista preliminar en el Centro Judicial de Aguadilla quedó suspendida.

El abogado Ivándeluis Miranda Vélez argumentó que esas 17 denuncias no contenían un elemento indispensable del delito imputado a su cliente que era señalar cuál es el beneficio y quien fue el sujeto que se benefició.

Las denuncias señalan que el exjuez envió correos electrónicos usando propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos públicos, pero no indican quién se benefició con esos actos ni cómo se benefició.

A juicio de Miranda Vélez ese era un “elemento esencial” que debía estar contenido en cada una de las denuncias y al no contenerlo, el Tribunal tendría que desestimar las denuncias porque ese silencio al respecto “no era subsanable”.

El abogado argumentó que “si no existe beneficio en el uso de la propiedad paga con fondos gubernamentales” entonces no se constituye el delito imputado.

El aprovechamiento ilícito se define como “toda persona que utilice de forma ilícita para su beneficio o para beneficio de un tercero, propiedad, trabajos o servicios pagados con fondos públicos será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años”.

Por su parte, el fiscal especial independiente Guillermo Garau dijo a la juez que a la defensa no le asistía la razón respecto a la petición de desestimación.

Garau alegó que “en qué consiste el beneficio (obtenido por Ramos Sáenz) no es parte del delito” y que lo contenido en la denuncia expresa el elemento del delito.

“Lo que él quiere (el abogado) es prueba adicional para poderse preparar para la defensa”, dijo Garau.

Ramos Sáenz esta imputado en total de 19 denuncias, las 17 de aprovechamiento ilícito, una de aprovechamiento ilícito y de una infracción al Código Electoral relacionado a su activismo político siendo un funcionario judicial.

En sala se encontraban como testigos siete exfuncionarios y funcionarios públicos del grupo del Plan para Puerto Rico(P3R) que mantuvieron conversaciones con el entonces juez durante la campaña a la gobernación de 2016, entre estos, el exsecretario de la gobernación William Villafañe; la exsecretaria asociada de la Gobernación Itza García; la exjefa de la Administración de Sustentos de Menores (Asume) Waleska Maldonado; el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica Justo González; el exvicepresidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) Yoniel Arroyo; la exfuncionaria de la secretaría de la Gobernación Yesenía Díaz; y la funcionaria del Departamento de Hacienda Ivette Ortiz.

Cuestionado por El Nuevo Día sobre los testigos que participarán de su encausamiento criminal, el exjuez declinó emitir comentarios.

“Lo único que puedo comentar en estos momentos es que esto es una desgracia que nos ha afectado a mí y mi familia. Yo…lo he perdido todo. Solamente me queda la presencia de Dios en mi vida”, expresó Ramos Sáenz.


💬Ver 0 comentarios