El licenciado Antonio Cintrón Almodóvar, abogado del Departamento de Educación, habla con la prensa. (horizontal-x3)
El licenciado Antonio Cintrón Almodóvar, abogado del Departamento de Educación, habla con la prensa. (Alex Figueroa Cancel)

Arecibo - El juez Santiago Cordero Osorio comenzó hoy la vista de remedio extraordinario contra el Departamento de Educación (DE) con una descarga contra el proceder de la agencia.

Cordero Osorio consolidó dos demandas contra el DE por el cierre de escuelas y detuvo momentáneamente el cierre de seis escuelas en Camuy, Hatillo, Lares, Arecibo, Vega Baja y Quebradillas - por la primera demanda - y tres escuelas en Morovis - por la segunda.

El juez inició por recordar que ante las solicitudes de interdicto provisional pudo emitir una orden sin escuchar a la parte demandada, pero que, pese a ello, dio la oportunidad al Estado para que sometiera evidencia.

Sin embargo, destacó en varias oportunidades el DE optó por no presentar documentos ni testigos. Su única argumentación fue reiterar el poder que le confería la Ley 85 para cerrar escuelas.

Recordó, además, que al cabo de la vista del 1 de junio se habló en sala que los demandados podían acudir a un foro superior. De lo contrario, tendían que cumplir con la orden del tribunal de llegar a la vista de hoy con la explicación de cómo se decidió el cierre de cada una de las escuelas en la lista de la agencia.

También destacó que, en declaraciones públicas, portavoces del DE han manifestado que tienen interés en presentar esas explicaciones.

No obstante, resaltó que la representación legal del DE, a través de abogados del Departamento de Justicia (DJ), no solamente ha sometido mociones de desestimación del caso -las cuales han sido rechazadas-, sino que además el viernes pasado acudió al Tribunal de Apelaciones para que la vista de hoy no se diera.

Aunque el proceso no ha terminado en ese foro, el Tribunal de Apelaciones mantuvo vigente la celebración de la vista.

Pero, más indignado aún sonó el juez Cordero Osorio cuando leyó parte del recurso sometido por el DE ante al Apelativo, que acusaba al tribunal de “intromisión indebida” a la separación de poderes el hecho de que el tribunal entrara a realizar una revisión judicial de la autoridad de la secretaria de Educación, Julia Keleher, sobre el cierre de escuelas.

“La peor afrenta a la democracia es proponer que, de alguna manera, bajo legislación u orden ejecutiva se puede burlar el poder del tribunal”, sostuvo.

“Eso sí es inconstitucional”, agregó.

“La revisión judicial es la piedra angular de la democracia”, acotó.

Incluso, llegó a caracterizar la postura del DE como un “Cuca Gómez jurídico”, al indicar que pretende legislar e interpretar y decidir si puede ser revisado o no.

Aunque recordó que la orden de comparecencia le permitía a Keleher enviar un representante, como lo hizo pues no asistió en la mañana, en varias ocasiones insistió en que Keleher debió haber estado presente y recordó casos anteriores en que los funcionarios han “dado cara” en su sala, como la demanda contra el impuesto al recogido de la basura contra el alcalde de Arecibo, Carlos Molina.

El juez le dio la oportunidad al DE de presentar su prueba primero, por lo que concedió un receso para que los representantes del DE lo consultaran.

Pero los abogados de la agencia optaron por escuchar primero la prueba de los co-demandantes, reservándose el derecho de levantar argumentos de “standing”.

Esta posibilidad también pareció impacientar aún más al juez, pidiéndoles que se lo dijeran “desde ahora” para ahorrar tiempo.

Además, les recordó jurisprudencia de legitimación activa con un caso en la ciudad de Seattle, que terminó en el Tribunal Supremo, de unos padre que habían demandado a la región educativa por el cierre de escuelas.

El Tribunal de Arecibo se llenó de decenas de padres, maestros y estudiantes de las escuelas afectadas, quienes reclaman que no hay razón para el cierre y denuncian la forma en que se ha llevado a cabo el proceso.

De hecho, en la sala, el juez Cordero Osorio recalcó que el caso “se ha convertido en un asunto de debido proceso de ley e igual protección de las leyes”.

Dijo que en el “balance de intereses” inevitablemente iba a chocar el poder del gobierno de administrar su cartera y el derecho constitucional a la educación, y que algunas o todas las 266 escuelas en la lista del DE podrían cerrar.

Pero, sostuvo que el DE tiene que explicar cómo se ha llevado a cabo el proceso de seleccionar las escuelas que cerrarán.

Ante esto, el juez dijo que recesaría y que desde la 1:30 pm de hoy atendería de forma expedita las alegaciones de los co-demandantes sobre las escuelas de Morovis, para continuar con el proceso, de manera que hoy mismo el DE se vea en la posición de tener que presentar su evidencia.

A su salida de la sala, el abogado del DJ, Antonio Cintrón Almodóvar, aseguró que están listos para que el DE presente su evidencia.


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