La arquidiócesis está representada en la demanda por el bufete Schuster Aguiló. (semisquare-x3)
La arquidiócesis está representada en la demanda por el bufete Schuster Aguiló. (GFR Media)

El juez federal Pedro Delgado denegó hoy la petición de reconsideración de las diócesis de Mayagüez y Ponce para juzgar si se violó su derecho al debido proceso de ley en una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

A menos que opten por una apelación, ambas diócesis ahora se enfrentan a la decisión de someterse o no al proceso de quiebra que inició la Arquidiócesis de San Juan, tras el pleito por la pensión de los maestros de varios colegios católicos.

El proceso de quiebra, con las protecciones contra acreedores y la orden de embargo del tribunal estatal, está en dificultades debido a que esas dos diócesis y la de Arecibo no han entregado los documentos necesarios.

Solamente han cumplido San Juan, Caguas y Fajardo-Humacao.

El mes pasado, el juez a cargo del caso manifestó su inclinación a desestimar la petición de quiebra si no se cumplen con las entregas requeridas a mediados de enero.

Mayagüez y Ponce sostienen que no tienen que someterse a ese proceso de quiebra porque la arquidiócesis y las diócesis en Puerto Rico son entes con administraciones independientes una de la otra.

Según las autoridades católicas, se supone que una no tenga que responder por los problemas que tengan las otras.

Por esta razón, Mayagüez y Ponce han protestado por meses que no les permitieran participar, con sus propios abogados, en el pleito en los tribunales estatales entre los maestros de colegios católicos y la Arquidiócesis de San Juan.

Ese caso llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que determinó que las diócesis no tienen personalidad jurídica por separado en la Isla y que solamente la Iglesia Católica la tiene como una sola, según reconocido por el Tratado de París entre España y Estados Unidos.

Mayagüez y Ponce alegan que la orden de embargo por $4.7 millones, aplicable a la Arquidiócesis de San Juan y todas las diócesis de Puerto Rico, violó sus derechos protegidos por la Cláusula federal del Debido Proceso.

Ya el juez Delgado había denegado una petición para continuar con esa demanda por entender que los tribunales ya se habían pronunciado al respecto, por lo que Mayagüez y Ponce sometieron una reconsideración que planteaba varios cuestionamientos.

“El nuevo predicamento que enfrentan ahora las diócesis de Ponce y Mayagüez es que están siendo forzados a cumplir con unos procesos de quiebra basado en una decisión emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en un caso en el que los demandantes (en este caso, Mayagüez y Ponce) no fueron parte y no se les permitió intervenir ni participar de ninguna forma”, sostuvieron.

Denunciaron que ningún foro judicial ha evaluado en los méritos su reclamo de que la decisión del Supremo estatal no les puede aplicar porque ni si quiera fueron emplazados.

“¿Cómo alguien que no fue parte (del caso estatal) puede ser forzado a sufrir las consecuencias terribles de la decisión (del caso) ‘Acevedo’?”, cuestionaron, en referencia a la demanda de los maestros.

En la primera denegatoria, el juez Delgado también mencionó que tenía conocimiento de una apelación ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para tratar de revocar al Supremo estatal.

Mayagüez y Ponce, sin embargo, plantearon que su argumento de violación al debido proceso no forma parte de la solicitud de certiorari ante el Supremo federal.

Expresaron que el Tribunal federal de Distrito en San Juan “es el único foro que puede proveerles con el remedio necesario”. Pedían al juez Delgado que reconsidera la denegación anterior, porque “de lo contrario, la injusticia manifiesta que crea será perpetuada”.

Con la denegación de hoy, entonces, queda como día clave el 18 de enero, que es la fecha límite fijada por el juez de quiebra Edward A. Godoy para que se someta la documentación que falta o, de lo contrario, se inclinaba a desestimar el caso de quiebra, como lo solicitó el Síndico de Estados Unidos.


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