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En la foto, Áurea Vázquez Rijos durante una vista de extradición en la corte nacional de Madrid en el 2013. (AP)

El juez federal Daniel Domínguez enfatizó hoy que los involucrados en el juicio contra Áurea Vázquez Rijos Sosa, por el asesinato de su esposo, el empresario canadiense, Adam Anhang Uster, deben acatar su orden de mordaza y no hacer declaraciones públicas durante el proceso.

Al iniciar el segundo día de la selección del jurado de este caso, la fiscal federal Jennifer Hernández levantó la queja de que la madre de Áurea, Carmen Rijos, había hecho expresiones a los medios de comunicación ayer, martes.

Hernández comentó que Rijos había hecho referencias a que consideraba que el juicio debía hacerse fuera de la isla por la cantidad de atención pública que ha recibido y lo ató a mociones selladas sometidas sobre ese tema.

La fiscal federal también señaló que la presencia de la madre con la hija de Áurea en la sala, era parte de una situación “creada por la defensa” para reforzar el argumento de que el juicio debía hacerse afuera.

Por su parte, Lydia Lizarríbal, abogada de Áurea, salió a la defensa de estos señalamientos indicando que no pueden controlar lo que diga la niña dentro de la sala y que tampoco puede cambiar el sentir de Rijos sobre su hija.

Ante esto, el juez Domínguez dijo que el problema no es la presencia de familiares en la sala, sino la orden de mordaza a las partes, incluyendo a los más cercanos.

“La madre tiene que estar callada, porque es una agente” de la parte acusada, sostuvo Domínguez.

Acotó que lo que diga cualquier “agente” (allegados a los imputados) es como si lo dijeran ellos.

El fiscal federal José Ruiz llegó a proponer que alguaciles federales fueran a informar a Rijos sobre la orden de mordaza, pero la retiró luego de que Lizarríbal expresara que ella lo haría y que no era necesario que un agente se presentara en su hogar para comunicarlo.

“Esta familia ya ha sufrido mucho”, sostuvo.

En este caso de asesinato también están acusados Marcia Vázquez Rijos hermana de Áurea, y José Ferrer, su cuñado, por supuestamente participar en la conspiración para contratar a Alex Pabón Colón, alias “Alex El Loco”, para que asesinara a Anhang Uster el 22 de septiembre de 2005.

Tras esta discusión sobre la orden mordaza, se retomó la evaluación de los candidatos a jurado con preguntas sobre si han pertenecido o solicitado pertenecer a agencias de ley y orden y si alguien tiene algún impedimento físico para estar ahí.

El juez también preguntó si alguien había tenido alguna relación de negocios con varias empresas que leyó de una lista. Entre las que mencionó estaba Regency Condado Inc., Laguna del Mar Princess, ESG Associates e Isabel Aquisitions Inc. Nadie contestó.

En cambio, cerca de una decena se levantó cuando preguntaron si alguien había sido víctima o conocía a alguien que hubiese sido víctima de algún crimen.

Varias personas fueron excusadas posteriormente.

Al iniciar los trabajos con el jurado, el juez fue informado que uno de los candidatos, el número 49, no estaba presente, por lo que Domínguez ordenó que fuera arrestado por los alguaciles federales.

A media mañana, el hombre llegó con los agentes y fue cuestionado por el juez en un aparte en el estrado. Luego, fue dejado en el tribunal.

“Está arrestado”, dijo Domínguez, pero no detalló qué tipo de procesamiento enfrentaría.

Los otros candidatos fueron movidos de sala y otros se quedaron en la misma, mientras el juez anunció que comenzaría a hacer entrevistas individuales en privado, en el salón del jurado, por lo que el público no pudo tener acceso al interrogatorio.

Domínguez informó que la orden buscaba evitar que los candidatos resultaran “contaminados” al escuchar el intercambio que tuvieran con otros.


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