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El juez Gelpí. (GFR Media)

El juez Gustavo Gelpí ordenó hoy, miércoles, al gobierno de Puerto Rico y al Departamento de Justicia de Estados Unidos a expresar si se oponen o no a que la auditoría interna del Departamento de Justicia sobre el uso de fondos del Seguro Social se debe hacer pública.

La auditoría reveló irregularidades en el uso de fondos del Seguro Social para participantes del Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSDI) del Departamento de Salud.

Durante una vista esta semana, el juez Gelpí ordenó que se radicara al tribunal de forma restringida para evaluarla y luego determinar si se debe dejar con acceso público.

Debido a la restricción, no se ofrecieron detalles de la auditoría, pero en la audiencia trascendieron algunos aspectos del informe durante las argumentaciones.

Gelpí señaló que comprendía el periodo del 14 de julio de 2014 al 22 de junio de 2018 y que contiene nueve hallazgos y recomendaciones de medidas correctivas.

“Con esta (auditoría) tengo algunas preocupaciones”, expresó Gelpí. “Por lo menos sabemos ahora que los fondos están ahí. En el pasado, nadie tenía idea donde estaban los fondos”.

“Son casi $5 millones que se pueden usar para beneficio de muchos de los participantes (del PSDI)”, agregó.

Por su parte, el representante de Justicia federal, Richard Farano, indicó “el informe (de auditoría) señala unas irregularidades sobre la distribución y uso de fondos”.

Farano adelantó que “si conocemos de cualquier impropiedad en la distribución o el manejo… si es cierto, me corresponde a mí alertar a otras agencias federales”.

Por su parte, la licenciada Itza Díaz, en representación de Salud, indicó que los señalamientos incluyen problemas con “la autenticación de reconciliaciones bancarias, la ausencia de controles en el área del Seguro Social, que tiene que asegurar la confidencialidad de los documentos y la apertura de cuentas de los participantes sin autorización”.

Admitió que los señalamientos responden “mayormente a la falta de controles y supervisión”.

“De otro lado, el Departamento de Salud está en el proceso de solicitar una reunión con la oficina del Seguro Social en Puerto Rico para discutir el uso de algunos fondos de participantes fallecidos”, abundó Díaz.

Mientras, Farano y el licenciado Alfredo Castellanos - de la oficina del monitor federal sobre el acuerdo de este caso - cuestionaron la dilación en la divulgación de la auditoría, que les fue entregada unos días antes de la vista, pese a que la agencia la tenía desde septiembre.

Castellanos dijo que la había solicitado “por meses” y destacó que el informe contiene plazos para medidas correctivas que eran de interés para su oficina, con las que se han cumplido solo el 15%.

Un día después, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, negó que haya malversación de fondos del Seguro Social en el PSDI.

El funcionario aseguró que la auditoría “no sugiere de manera alguna que se hayan malversado fondos”.


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