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Alma Yadira Cruz Cruz, estudiante de educación especial, tenía 11 años cuando fue acusada por una disputa no violenta con dos compañeras de clase. (GFR Media) (horizontal-x3)
Alma Yadira Cruz Cruz, estudiante de educación especial, tenía 11 años cuando fue acusada por una disputa no violenta con dos compañeras de clase. (GFR Media)

El Departamento de Justicia desistió del caso por agresión, amenaza y alteración a la paz que por más de un año llevó en corte contra Alma Yadira Cruz Cruz, una estudiante de educación especial que a los 11 años fue arrestada y acusada por una disputa con dos compañeras de clase y cuyo vía crucis judicial instaló en la conciencia del país el drama que viven miles de niños enfrentados a draconianos procesos en las cortes por incidentes menores.

En una moción que radicaron el viernes ante el Tribunal de Menores de Carolina, los procuradores Carlos Alonso Sánchez, Mariana Pérez Cordero y Ana Pérez Camacho dijeron que desisten del caso porque las madres de las presuntas víctimas de Alma Yadira, dos niñas que al momento de la denuncia tenían 10 años, no quieren que sus hijas declaren en corte con periodistas presentes.

El 20 de julio del año pasado, cuando se supone que comenzara el juicio contra Alma Yadira, la jueza Delmarie Vega, a petición de El Nuevo Día, accedió a la presencia de periodistas en el proceso.

El Departamento de Justicia apeló esa determinación y se paralizó el proceso. El 27 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión de la jueza Vega y se esperaba desde entonces la fecha de comienzo del juicio.

Los procuradores de menores desistieron del caso porque no querían que el país entero viera cómo ellos tratan a nuestros niños en los tribunales de menores todos los días. Querían continuar operando en cuartos oscuros, pisoteando a los niños y sus derechos y, cuando dos tribunales les dijeron que no podrían seguir ese patrón, prefirieron desistir”, dijo el abogado de Alma Yadira, Leonardo Aldridge.

Justicia no emitió comentarios sobre su decisión, amparándose en la confidencialidad de los casos de menores.

La madre de Alma Yadira, Yomaira Cruz, reaccionó aliviada al desenlace. “Fue un proceso duro. Entiendo que es un protocolo, que son las normas, pero no encuentro que hayan hecho bien. Esto cambió la vida de mis niñas”, dijo Cruz, quien tiene otra hija de 10 años.

Alma Yadira, quien ya cumplió 12 años, enfrentaba cinco cargos menos graves: uno por agresión simple, dos por alteración a la paz y dos por amenaza.

Según la denuncia, el 2 de diciembre de 2016, en la escuela elemental Modesto Rivera Rivera en Carolina, Alma Yadira empujó por el pecho a una de las niñas, les dijo “chumba”, “cuatro ojos”, una palabra soez y las amenazó con “tirarlas por las escaleras”.

Ante la cárcel

Alma Yadira fue interrogada por policías, la arrestaron y la llevaron ante el tribunal, donde la primera jueza que vio su caso -contó su madre- le preguntó si ella sabía lo que era una institución penal, porque una de las posibles consecuencias del caso era que la recluyeran en una de estas, lo cual traumatizó a la niña y al resto de su familia.

“Qué manera de dañarle la siquis a un menor”, dijo Cruz.

Alma Yadira tiene diagnóstico de déficit de atención y de dificultades de lenguaje y aprendizaje y, según su madre, nunca tuvo plena conciencia del proceso.

Pero su hermana menor, que es estudiante de honor, tenía nueve años cuando vio a dos policías llegar a su casa a interrogar a su hermana y estaba presente cuando fue arrestada y le leyeron los derechos. Todo el proceso le causó gran ansiedad, según la madre.

“Lloraba mucho, diciendo que no quería que se llevaran a Alma, preguntando si se la iban a llevar”, dijo Cruz. “Este proceso lo que hizo fue manchar a mis niñas”, agregó Cruz, quien es enfermera práctica.

Alma Yadira y su hermana menor viven con una abuela en Estados Unidos tras el paso por Puerto Rico del huracán María en septiembre del año pasado, dijo la madre.

Aldrigde, la madre de Alma Yadira y múltiples expertos dijeron que disputas escolares no violentas como esta debían resolverse con procesos disciplinarios en las mismas escuelas y no sometiendo a los niños a traumáticos procesos en las cortes.

Entre el 2009 y el 2015, que es la última estadística publicada por el Departamento de Justicia, solo el 12 por ciento de los menores que fueron encontrados responsables de faltas, que es como se llama a los delitos en el sistema juvenil, recibieron ese castigo por actuaciones que, de ser adultos, se considerarían graves.

Tras la publicación de un reportaje especial de El Nuevo Día sobre este tema en abril del año pasado, el senador independiente José Vargas Vidot presentó una medida que establecía en 13 años la edad mínima para arrestar a un menor, obligaba a que las disputas no violentas se dilucidaran en las escuelas y prohibía que se esposara o encadenara a menores para llevarlos al tribunal.

La medida fue vetada por el gobernador Ricardo Rosselló, pero el Senado volvió a aprobarla por encima del veto.

La Cámara de Representantes, cuyo presidente, Carlos “Johnny” Méndez, cree en endurecer el proceso contra los menores y también había aprobado su propia medida a esos efectos, no ha vuelto a tomar acción sobre la medida.

El gobernador Rosselló, por su parte, dijo que convocaría a las partes interesadas para crear una nueva ley de menores de consenso, pero esa iniciativa,hasta lo que se sabe, no ha avanzado.


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