Al fondo Héctor O'Neill, exalcalde de Guaynabo, junto a su abogado, Harry Padilla. (GFR Media)

La defensa legal del exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neillsolicitó al tribunal este lunes que desestime el único cargo que pesa aún en contra del ex primer ejecutivo municipal en el caso por actos lascivos.

El licenciado Harry Padilla presentó un escrito ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán en el que sostiene que dicho delito prescribió, basando su argumento en lo que establece el Código Penal de 2004, que aplica a la fecha en la que presuntamente sucedieron los hechos.

Dicho Código indica que un cargo bajo el Artículo 144 (Actos Lascivos) prescribe a los cinco años. Los hechos por los cuales se acusa al exalcalde de Guaynabo ocurrieron en el 2011, pero la acusación fue en el 2017.

“En todos los códigos penales siempre hay un estatuto que regula lo que se llama la prescripción, que es el periodo de tiempo que tiene el Estado par acusar a un ciudadano”, sostuvo Padilla a su salida de la sala 705 del Centro Judicial de Bayamón.

El Código Penal fue enmendado en el 2012 y la prescripción del Artículo 144 se aumentó a 20 años. En la acusación, dijo Padilla, los fiscales de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) utilizaron el texto del Código de 2004, pero la vigencia del Código de 2012.

Sin embargo, los fiscales Leticia Pabón y Miguel Colón explicaron en declaraciones que, en el caso de un funcionario público, el cargo no prescribe.

“Eso sería así, según el Código Penal que estaba vigente a la fecha de los hechos, excepto que él es un funcionario público o lo era en aquel momento y los delitos que cometen los funcionarios públicos, relacionadas con sus funciones, no prescriben, y esa parte no fue parte del escrito de la defensa, será parte de la nuestra”, enfatizó Pabón en declaraciones a El Nuevo Día.

La jueza le otorgó diez a los fiscales para responder por escrito al señalamiento de la defensa y tomar una determinación. Además, pautó para el 24 de octubre la próxima vista de estatus.

El pasado 6 de septiembre, la jueza Guzmán desestimó el cargo por violación a la Ley de Ética Gubernamental que pesaba en contra de O'Neill y por el que enfrentaba hasta cuatro años de cárcel. La defensa del exfuncionario había solicitado la desestimación del cargo por violación al Artículo 3.2(c) de la Ley el 19 de agosto, argumentando que el pliego acusatorio no imputa delito porque el acusado no obtuvo ningún beneficio económico.

La acusación contra O’Neill se amparaba en que, tanto en el caso como en la ley, la palabra “beneficio” no se refiere exclusivamente a “económico”.

De acuerdo con la acusación, mientras O’Neill se desempeñaba como alcalde en o para el 22 de diciembre de 2011, de manera ilegal, voluntaria, criminal e intencionalmente, a propósito, y con conocimiento utilizó sus deberes, facultades de su cargo y la propiedad pública municipal para obtener para él un beneficio personal o privilegio no permitido por ley.

“El imputado en las facilidades de la oficina de la alcaldía, incurrió en unos acercamientos de naturaleza sexual no deseados con Mayra Vázquez Santiago, quien era subalterna y se desempeñaba como Técnica de Recate en el Departamento de Manejos de Emergencias en el Municipio de Guaynabo, y aprovechándose de su posición de alcalde utilizó la fuerza o intimidación para tocarle los senos, las nalgas, le lamió el área del abdomen, le subió la camisa y trató de besarla en la boca, y ante el rechazo de esta, le instruyó que no le divulgara lo sucedido a nadie”, sostiene la acusación.

O’Neill enfrenta un segundo caso por violaciones a la Ley de Violencia Doméstica (maltrato y agresión sexual) y la Ley de Ética Gubernamental, así como acoso sexual y exposición deshonesta, con hasta 25 años de cárcel.

El caso de Yenetamine Díaz se atiende de forma separada al de Vázquez Santiago. En el segundo caso la jueza María Trigo determinó a finales de agosto que la selección del jurado comenzará el 14 de enero de 2020 y se extendería hasta el 28 de febrero.


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