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En la foto, el ingeniero Alfredo Archilla y José González Amador, presidente de Petro West. (GFR Media)

Un perito -testigo de defensa- refutó la teoría del Departamento de Justicia de que el presidente de Petro West, José González Amador, había cometido un delito contra el erario al solicitar el reembolso de $10.8 millones en gastos de patentes municipales en los que no había incurrido.

El contador público autorizado Reynaldo Quiñones Márquez sirvió ayer de testigo de defensa en la vista preliminar en alzada contra González Amador y su compañía por supuesta apropiación ilegal de fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

Durante el segundo día de desfile de prueba de la defensa, el juez Aldo González Quesada rechazó en múltiples ocasiones las objeciones del fiscal Iván De Jesús González y permitió que el testigo procediera con su interpretación de las leyes y conclusiones en derecho.

“En mi opinión de perito, es una interpretación completamente errónea la del gobierno. No hay obligación de ningún tipo de Petro West devolver a la Autoridad los incentivos que le dieron los municipios”, contestó, a preguntas del abogado Harry Anduze Montaño.

El análisis del perito se centró en la evaluación del canon de patentes municipales y la Ley de Municipios Autónomos, que concede discreción a los alcaldes -con el aval de su Legislatura Municipal- para eximir del pago de patentes a algunas corporaciones.

La imputación de fiscalía es que la empresa y su presidente facturaron a la AEE $10.8 millones por concepto de .5% de patente municipal, a pesar de que nunca pagaron esa cantidad a los ayuntamientos, pues habían conseguido exenciones y descuentos.

 Quiñones Márquez afirmó que fue la exención contributiva que ofrecieron los municipios lo que permitió a la corporación ofrecer precios más competitivos y que, sin el reembolso total de la AEE, se anulaba el efecto que tuvo como incentivo económico.

Guiado por las preguntas de la defensa, indicó también que la ganancia más alta que tuvo Petro West -durante el período que contrató con la AEE- fueron $742,000 para el año 2013. En el 2015, cerró con pérdidas. “No es correcto que se esté enriqueciendo con el contrato de la AEE”, observó.

Detecta supuesto error

Adicional a la patente municipal, la empresa contratista de la AEE cobró un reembolso de alrededor de $69,000 a la corporación pública por concepto del arbitrio al barril del petróleo, aunque los importadores no habían facturado ese gasto.

“Petro West tenía que facturar a la AEE el barril del petróleo y el arbitrio, y partiendo de la premisa que el importador ya había pagado el arbitrio, le factura a la AEE el arbitrio”, reconoció el investigador contratado por la defensa. 

Quiñones Márquez catalogó esto como un error, que se detectó en 19 facturas, y dijo que la empresa en lugar de emitir un cheque al importador por el arbitrio que no le habían facturado, “cometió un error más grande” porque procedió a rendir planillas de manera tardía al Departamento de Hacienda, cuando ello no le era requerido por ley.

Explicó que el Código de Rentas Internas no establece obligación alguna para el pago de arbitrio por parte de un intermediario en la cadena de venta y distribución de petróleo, como lo es Petro West. “El código claramente establece que es el importador el que viene obligado a pagar el arbitrio al momento de entrar a los muelles”, expresó.

El testigo de defensa procedió a leer en sala una de las 38 denuncias de fiscalía contra la corporación y su presidente: “La apropiación consistió en que, siendo suplidor de la AEE, facturó por concepto de arbitrios, a sabiendas de que tenía que devolver el mismo al erario”.

Inmediatamente, catalogó esto último como un “error” del gobierno.


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