En la foto Soniel Torres Suárez, exdirectora de la oficina del exlegislador y su abogado Mario Moczó. (GFR Media) (semisquare-x3)
En la foto Soniel Torres Suárez, exdirectora de la oficina del exlegislador y su abogado Mario Moczó. (GFR Media)

Soniel Torres Suárez, exdirectora de la oficina del exlegislador Ramón Luis Rodríguez Ruiz, renunció esta tarde a la vista preliminar que enfrenta por cargos de corrupción e irá directo a juicio. 

La lectura de acusación está señalada para el 20 de febrero y el inicio del juicio por jurado para el 12 de marzo. Eso significa que Torres Suárez y Rodríguez Ruiz serán procesados por separado ya que el exrepresentante decidió enfrentar la vista preliminar, que continúa hoy en la tarde en el Tribunal de San Juan ante el juez Juan Frau Escudero.

El abogado de Torres Suárez, Mario Moczó, rechazó a El Nuevo Día que su clienta busque llegar a algún tipo de acuerdo con los fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

"Acuerdo no hay ninguno. No ha habido ningún acercamiento. Se trata de una estrategia legal. Determinamos que es lo mejor en estas circunstancias", dijo Moczó, quien explicó que a partir de este jueves tendrá acceso a toda la evidencia levantada por los fiscales.

Torres Suárez enfrenta cargos por fraude, dos cargos por perjurio, tres cargos por malversación de fondos públicos, tres cargos por falsificación ideológica y un cargo por fraude o engaño a testigo.  

Según los fiscales Cándida Sellés, Guillermo Garau y Ramón Núñez Corrada, Torres Suárez supuestamente le mintió a la Comisión de Ética de la Cámara y a un notario público sobre un incidente de violencia género en que Rodríguez Ruiz supuestamente la agredió en el rostro.

Además, según los fiscales, preparó facturas falsas de trabajo realizado a nombre de un empleado fantasma, Gabriel Rivera González, en la oficina de Rodríguez Ruiz. Este individuo, al mismo tiempo en que, alegadamente, trabajaba en la Cámara, tenía un trabajo a tiempo completo en un Colegio de Guayama.

Los cargos por malversación de fondos públicos tienen que ver con los $6,000 que cobró ese empleado fantasma sin trabajar. El Nuevo Día supo que este empleado recibió inmunidad del FEI.

Otro cargo guarda relación a cómo supuestamente trató de influenciar el testimonio de Rivera González en el Departamento de Justicia.

  



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