Irving Riquel Torres Rodríguez (centro) se declaró culpable el año pasado a nivel federal. (Gerald López Cepero)

La Fiscalía federal en Puerto Rico y el Municipio de Sabana Grande llegaron a un acuerdo monetario tras la investigación de un caso por el uso irregular de fondos públicos, según informó este lunes a través de un comunicado el fiscal de Estados Unidos para la isla, Stephen Muldrow.

Muldrow informó que el Municipio desembolsará una compensación tras una investigación que se remonta a abril de 2014, cuando el ayuntamiento, junto a representantes del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) e Irving Riquel Torres Rodríguez, a través de su empresa Administrative, Environmental and Sports Consultants (AESC), formalizaron un contrato en el que se incluían fondos aportados por el Departamento de Educación federal.

En el contrato, el Municipio de Sabana Grande y su alcalde en ese momento, Miguel Gabriel Ortiz Vélez, subcontrataron al Copur y AESC para que proporcionaran capacitación a maestros de escuelas públicas de Sabana Grande.

Con base a las reglas que rigen los fondos de subvención del Departamento de Educación federal proporcionados al Departamento de Educación de Puerto Rico, el Municipio de Sabana Grande no podía subcontratar los servicios de capacitación de maestros a entidades no gubernamentales.

El Municipio de Sabana Grande no cumplió con esa norma y presentó y envió declaraciones y registros falsos a Educación con el propósito de obtener fondos federales.

Una investigación realizada por la Oficina del Inspector General de Educación federal mostró que la falsa información presentada hizo que Educación desembolsara aproximadamente $1.7 millones al Municipio de Sabana Grande, que luego pagó la suma de $1.3 millones al Copur violando los estatutos aplicables del programa y regulaciones.

Posteriormente, Copur desembolsó otros $439,587 como costos del proyecto, $375,449 para AESC y retuvo la suma de $563,174 como ingresos para servir como intermediario entre elMunicipio de Sabana Grande y AESC.

De conformidad con el acuerdo de conciliación entre el Municipio e Sabana Grande y la Fiscalía, la entidad municipal acordó desembolsar como compensación $500,000. El Copur, por su parte, le pagó al gobierno estadounidense $700,000 tras llegar a un acuerdo fuera de corte.

Del mismo modo, el gobierno federal incautó más de $1 millón de distintas cuentas bancarias a nombre de Torres Rodríguez.

Los fondos retenidos de Torres Rodríguez provienen de una declaración de culpabilidad que sometió el 18 de junio de 2018 por cargos de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico, fraude postal y conspiración para lavar dinero como parte de la pesquisa contra el exsecretario de Recreación y Deportes (DRD) Ramón Orta Rodríguez.

Orta Rodríguez se declaró culpable el 1 de octubre de 2019.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Torres, anunció el pasado julio la presentación de una resolución para investigar el uso y administración de los fondos públicos asignados al Copur durante los últimos cinco años.

"Vamos a radicar una resolución para investigar como se usan los recursos del estado en el Copur y cual fueron los protocolos utilizados para ofrecer los servicios de la empresa AESC", agregó.

El Copur aseguró en esa fecha, tras el arresto la semana pasada del alcalde de Sabana Grande, que las autoridades les han solicitado información y asistencia en relación a la investigación en curso y que continuarían brindando "toda la ayuda que sea necesaria y solicitada en relación a ésta o cualquier otra".

Por su parte, la directora de comunicaciones del Copur, Tere Miranda, dijo a El Nuevo Día que el Copur no emitiría comentarios hoy sobre la comunicación de la fiscalía federal porque organizarán una conferencia de prensa mañana, martes, desde las 11:00 a.m. en la Casa Olímpica en el Viejo San Juan.


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