Fachada de la catedral del Viejo San Juan. (GFR Media) (semisquare-x3)
Fachada de la catedral del Viejo San Juan. (GFR Media)

Las autoridades de la Iglesia Católica en Puerto Rico sometieron un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para detener el embargo de sus cuentas por parte del máximo foro judicial estatal.

La radicación fue dirigida al juez Stephen Breyer, del Supremo federal.

El monseñor Roberto González Nieves había anticipado esta movida el domingo pasado.

La moción indica que la decisión del Supremo de Puerto Rico “viola las enmiendas Primera y Catorce (de la Constitución de Estados Unidos), además de la ley federal “Religious Freedom Restoration”.

“Si se ejecuta, las órdenes serán devastadoras para los solicitantes, otras entidades católicas de Puerto Rico y casi todos los puertorriqueños”, sostiene el documento.

“La orden de embargo y órdenes relacionadas deben ser detenidas pendientes a una deposición de los solicitantes en una próxima petición de certiorari, que será aprobada por las razones explicadas antes por los jueces Rodríguez y Colón”, agrega.

La primera enmienda prohíbe crear leyes que se refieran al establecimiento oficial de una religión, que impida su práctica libre, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales.

Por su parte, la enmienda catorce establece que todas las personas que hayan nacido o se hayan naturalizado en EE.UU. y sean sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Dado esto, ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos, tampoco se les podrá privar de su libertad o propiedad sin el debido proceso legal.

Asimismo, la ley federal “Religious Freedom Restoration” asegura que los intereses en la libertad religiosa están protegidos.

Este embargo de 4.7 millones en el que se incluyen bienes, propiedades y cuentas de la Iglesia católica ocurre en el caso del pago de pensiones para maestros, empleados y exempleados incluidos en el Plan de Pensión de las Escuelas Católicas.

El día de ayer, Antonio Bauzá Santos, abogado de los demandantes, denunció que la Arquidiócesis de San Juan supuestamente sacó $500,000 de su cuenta bancaria, luego que el juez superior Anthony Cuevas Ramos emitiera en marzo la orden de embargo contra la Iglesia católica.


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