(semisquare-x3)
La parroquia San Mateo de Cangrejos en Santurce fue una de las afectadas cuando se embargaron las cuentas de la Arquidiócesis de San Juan. (GFR Media)

En momentos en que existe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo, las autoridades católicas de Puerto Rico iniciaron el proceso para apelar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos la orden estatal de embargo contra todas las instituciones de esa iglesia en la isla.

La apelación será a nombre de la Arquidiócesis de San Juan y las diócesis de Ponce, Caguas, Mayagüez y Fajardo-Humacao.

El recurso buscará revocar al Supremo de Puerto Rico al sostener que todas esas instituciones son parte de una sola entidad, por lo que todas tenían que responder al reclamo del pago de pensiones de 185 maestros de tres colegios católicos, después de que quedara insolvente el Fideicomiso Plan de Pensión de Empleados de Escuelas Católicas.

Tienen hasta el 15 de noviembre para apelar, pero la semana pasada adelantaron parte de sus argumentos en la solicitud que sometieron al Supremo federal para que les concediera un mes adicional para radicar el recurso.

Argumentaron que “este caso involucra una extralimitación enorme de adjudicación secular sobre la gobernanza de la iglesia, que ha autorizado la incautación de cada activo católico en el Estado libre Asociado (ELA) de Puerto Rico para compensar a los beneficiarios… de un plan de pensión insolvente”.

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha impuesto impropiamente una masiva obligación financiera a todas las entidades católicas a través de los peticionarios”, se establece en la moción.

“En la visión del tribunal del ELA, todas las entidades católicas ‘son meras fragmentaciones indivisibles de la Iglesia Católica sin personalidad legal propia’, lo que plantea que no solo varias escuelas católicas en la demanda, sino todas las entidades católicas puertorriqueñas, son ‘responsables por continuar pagando las pensiones’”.

Asimismo, denuncian que mientras el Supremo estatal intentó mantener la separación de Iglesia y Estado, “la intrusión sin precedentes del tribunal de Puerto Rico en la gobernanza de la iglesia corre salvajemente sobre protecciones constitucionales y es categóricamente inconsistente con la Primera Enmienda (de la Constitución de Estados Unidos)”.

Esta apelación es la movida más reciente relacionada al pleito del grupo de 185 maestros del Colegio Perpetuo Socorro, y las academias San José y San Ignacio contra la Arquidiócesis de San Juan.

Un tribunal estatal de primera instancia ordenó, en marzo pasado, depositar de $4.7 millones, pero al no pagar, emitió una orden de embargo de las cuentas de todas las instituciones de la Iglesia Católica. 

El caso llegó al Supremo estatal, que entonces resolvió que el embargo aplicaba a todas las diócesis y componentes de la Iglesia Católica.

En dos ocasiones buscaron remedios extraordinarios en el Supremo federal, pero fueron denegados. Tras el segundo intento, el 29 de agosto, fue cuando buscaron la protección del Tribunal Federal de Bancarrotas, que mantiene a todas las instituciones católicas bajo el proceso de quiebra.

Dicha protección fue solicitada por la Arquidiócesis de San Juan, pero una semana después el juez de quiebras, Edward Godoy, determinó que la protección se extiende a todas las diócesis, parroquias y capillas que no estén “incorporadas formalmente”. 

“Ahora mismo toda la iglesia está protegida (de los reclamos)”, dijo la licenciada Carmen Conde, abogada de la Arquidiócesis de San Juan. “Se puede decir que toda la iglesia está en quiebra”.

No obstante, las diócesis de Ponce y Mayagüez esperan por la contestación de Godoy a una petición que le hicieron para que les permita continuar con su propio pleito, radicado en el Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal, ante el juez Pedro Delgado, para retar desde otro ángulo legal la decisión del Supremo de Puerto Rico.

Aunque el Supremo de Puerto Rico solo puede ser revocado por el Supremo federal, las diócesis de Ponce y Mayagüez reclaman en el tribunal de distrito que el litigio estatal les violó el derecho federal al “debido proceso de ley”.

“Nunca nos emplazaron ni nos permitieron intervenir para defendernos de una decisión que nos afectaba”, mantuvo el licenciado Fernando Agrait, quien representa a ambas diócesis.

“No por ser un arzobispado la Arquidiócesis de San Juan tiene jerarquía sobre las demás diócesis. Cada diócesis responde directo al Vaticano y al Papa”, argumentó. “Cada diócesis actúa por separado. Ese es el estado de derecho vigente que emana del Tratado de París que firmó Estados Unidos reconociendo el derecho canónico que dispone la organización de la iglesia”.

Por su parte, el representante de los maestros, Germán Brau, había solicitado que se desestimara la petición de quiebra porque la Arquidiócesis de San Juan “no es una persona jurídica”, pero fue desestimada.

Desde entonces, el proceso ha avanzado ante Godoy, pero dos vistas han sido pospuestas a petición de las partes, que están en conversaciones con miras a un posible acuerdo.

“Ambas partes hemos pedido que no se haga nada todavía (a Godoy), porque estamos hablando. Es algo significativo. Ya veremos el resultado en unas semanas”, sostuvo Brau.

Prefirió no comentar sobre los términos en que podrían transar, pero algunos estimados de la deuda han apuntado a entre $7 millones y $10 millones.

Del otro lado, Conde no quiso entrar en los pormenores, pero destacó que “hemos tenido conversaciones muy buenas para llegar a un acuerdo”.

“Las instrucciones del monseñor (Roberto González Nieves) son que tratemos de llegar a un acuerdo justo para todas las partes”, abundó.

Como parte del proceso de quiebra, se supone que las diócesis sometan sus informes financieros al tribunal.

Aunque Brau dejó entrever que un acuerdo podría ser posible antes de que termine el año, coincidió con Conde en que el proceso en el tribunal de quiebra podría extenderse mucho más, pues quedan miles de personas como acreedores.


💬Ver 0 comentarios