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Fachada del Departamento de Hacienda. (GFR Media)

La jueza Laruacelis Roques Arroyo se mostró inclinada esta tarde a declarar ha lugar una demanda radicada por la organización Espacios Abiertos, que le exige mediante un recurso de mandamus al Departamento de Hacienda que revele un informe donde se detallan los decretos, créditos, exenciones e incentivos que le reconoce a ciertos contribuyentes.

Es lo que se conoce, según los demandantes, como el presupuesto oculto de Puerto Rico.

Al atender tanto el recurso de mandamus como la solicitud de desestimación radicada por el Departamento de Justicia, la magistrada dijo estar “clara” en cuanto a su futuro fallo, que emitirá una vez se subsanen asuntos procesales discutidos hoy en la sala 907 del Tribunal de San Juan.

“Si es un documento que se genera dentro del gobierno es un documento público. Se realizó y es información pública y la gente tiene derecho a saber y el vehículo procesal es el mandamus. Si el documento fue sometido a la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF0 no hay confidencialidad”, dijo Roques Arroyo.

La jueza hizo alusión a cómo el gobierno de Puerto Rico cumplió con una disposición de la Ley Promesa y entregó el informe a la JSF, que está impedida de divulgar el documento por disposición de su propia ley orgánica. Sin embargo, los demandantes, representados en sala por la abogada Judith Berkan, sostienen que el Estado sí puede hacer público el informe.

"Es increíble que hoy en día estamos tomando medidas de austeridad y haciendo recortes utilizando solamente el presupuesto que conocemos", sostuvo al salir de sala Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.

"En momentos de crisis fiscal como la que estamos atravesando, es importante que los ciudadanos tengamos información sobre todos los gastos fiscales del gobierno. Cuando se hace un presupuesto hoy, ay una parte que no sabemos lo que es", insistió. “Hay una porción de eso que son gastos también que son ingresos que deja de devengar el pueblo".

Blondet, quien recordó que 49 estados de Estados Unidos y otros países cuentan con legislación que requiere la divulgación de estos decretos contributivos, dijo que la cifra anual en créditos e incentivos concedidos por Estado podría fluctuar entre $15,000 y $20,000 millones.

Roques Arroyo, sin embargo, indicó que al atender el “balance de intereses”, adelantó que como parte de su escrito ordenará que la identidad del contribuyente beneficiado sea omitida. Los demandantes no mostraron reparo en este asunto.

Sí se mantendría la descripción del programa específico y el monto.

La postura del Estado, presentada por la abogada Claudia Juan García, alude al entrar en los méritos del caso a que la información que solicita Espacios Abiertos es confidencial y así se sostiene en la Carta de Derechos del Contribuyente, que forma parte del Código de Rentas Internas.

La jueza no emitió su fallo hoy debido a un reclamo procesal del gobierno, que reclamó con éxito que en un recurso de este tipo en que se demanda a funcionarios en su capacidad oficial, la demanda se convierte en un reclamo contra el Estado, por lo que la secretaria de Justicia debió haber sido emplazada, lo que no ocurrió.

Roques Arroyo les solicitó a los demandantes que completaran el trámite y que contestaran el reclamo del Estado en torno a la controversia sobre la confidencialidad de los contribuyentes. Berkan se comprometió a completar el trámite de emplazamiento mañana y radicar el martes una demanda enmendada con la réplica a los argumentos del Estado.


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