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A solo semanas de que el Comité de Reclamaciones Especiales (CRE) de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) radicaran sobre dos centenares de demandas contra suplidores y bonistas del gobierno central, la jueza Laura Taylor Swain aprobó hoy una nueva estipulación que permitirá encausar acciones similares contra acreedores de la Administración delos Sistemas de Retiro (ASR) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Luego de una de unas dos horas, Swain concedió al UCC el reconocimiento de la corte para actuar como codemandante y cofiduciario de las causas de acción que ese grupo y el CRE radicarían en cuestión de días. Ello ante el vencimiento del período de dos años para demandar a quienes pudieron contribuir a la insolvencia de los deudores o recibieron pagos 90 días antes de que la ASR y la ACT solicitaran la protección del Título III de Promesa.

Swain indicó que habida cuenta que el presidente Donald J. Trump todavía no ha formalizado los nombramientos de la JSF, continúa latente el llamado “riesgo Aurelius”, haciendo referencia al caso que resultó en la inconstitucionalidad de la JSF. En abril pasado, Swain reconoció al UCC autoridad para demandar a terceros en nombre del gobierno puertorriqueño porque la JSF decidió compartir dicha autoridad con el grupo ante la posibilidad de que la JSF quedara sin efecto. Al presente, el Primer Circuito extendió la vigencia de la JSF hasta julio próximo con la expectativa de que en ese período se formalice la designación de sus integrantes.

El fallo de Swain abre la puerta para que tal y como anticipó El Nuevo Día, el proceso de reclamaciones contra terceros ahora se extienda a las demás entidades acogidas al Título III.

Entre los pasados 30 de abril y 2 de mayo, el CRE y el UCC radicaron unas 256 demandas contra pequeños empresarios, multinacionales e individuos que han prestado servicios, vendido bienes al gobierno o son bonistas del gobierno central bajo la premisa de que recibieron pagos que no procedían.

Como parte de ese proceso otras 85 entidades o personas firmaron acuerdos confidenciales para llegar a un entendido en lugar de ser demandados, según la JSF.

En el caso del gobierno central, la fecha límite para tales demandas fue el pasado 2 de mayo. Ahora, el CRE y el UCC tienen hasta el próximo lunes para radicar las acciones contra acreedores de la ASR y ACT.

Swain concedió el fallo a pesar de que aseguradoras municipales como National Public Finance Guarantee y Assured Guaranty, entre otras plantearon a un posible conflicto de interés de parte del UCC habida cuenta que ese grupo no cuenta con acreedores de la ASR y la ACT. Esa falta de representación, alegaron los objetores, podría abrir la puerta para que la recuperación que se obtenga de las demandas quede en manos del gobierno central.

A ello, el abogado del UCC, Luc A. Despins, contestó en la negativa, indicando que la JSF será quien decida a dónde irá el dinero que entraría al caudal para distribuirse posteriormente en el plan de ajuste.

Nayuan Zouairabani, de la firma McConnell Valdés y que representa a AmeriNational Community Services, pidió a Swain que no diera paso a la estipulación luego del caos que las demandas han provocado en la comunidad de negocios de Puerto Rico, pero no tuvo éxito.

Tampoco tuvo tracción ante Swain un pedido del Comité Oficial de Retirados (COR) para actuar como codemandantes en el caso de la ASR. El COR radicó un recurso precisamente para invalidar los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs), un reclamo todavía en curso.

Así las cosas, el CRE y la JSF procederían a radicar las acciones contra terceros en la ASR en o antes del próximo lunes.

En el caso de la ACT, las acciones contra terceros que se radicarían no quedaron del todo claras. Ello, porque el asesor legal del gobierno, Peter Friedman, socio de O'Melveny Myers, dijo a Swain que el gobierno conversa con la JSF a fin de que pueda viabilizarse alguna alternativa contra los acreedores de la ACT y las causas de acción contra estos.


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