La jueza Laura Taylor Swain. (Suministrada) (semisquare-x3)
La jueza Laura Taylor Swain. (Suministrada)

La jueza Laura Taylor Swain ha desestimado una demanda que varios bonistas de Obligaciones Generales (GOs en inglés) de Puerto Rico radicaron el año pasado ante la falta de pago por parte del gobierno y también propinó un revés a las aseguradoras Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee (NPFG) que buscaba proteger los recaudos que sirven de fuente de repago a la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Entre otras cosas, Swain desestimó los pedidos de la demanda incoada por los fondos ACP Master, Aurelius Opportunities y otros, al igual que los reclamos de Assured y NPFG contra la ACT por entender que algunos de los reclamos de los demandantes no estaban maduros para ser resueltos y porque algunos argumentos de los acreedores resultan incompatibles en sí mismos.

Pero en ambos casos, los fallos de desestimación de Swain se produjeron particularmente a la luz de lo dispuesto en la sección 305 de la ley federal Promesa, inciso que parece concederle al gobierno un escudo que le exime -por el momento- de pagar la deuda pública, pero a su vez, un poder particular a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre lo que pueda hacerse en última instancia con los recaudos y propiedades del gobierno.

“Las cortes federales no tienen el poder de emitir opiniones asesoras cuando no hay una controversia”, reza el fallo de Swain en el proceso adversativo que ACP, Aurelius y otros encausaron justo después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) invocó el Título III de Promesa para el gobierno central.

Entonces, el grupo de tenedores de GO pidió a la jueza Swain una sentencia declaratoria y remedio de interdicto para que, entre otras cosas, se declarara que los recursos disponibles del erario debían dedicarse prioritariamente al servicio de la deuda, en especial, aquellos sujetos a retención mediante la clásula “claw back”.

De igual forma, los demandantes alegaron que las acciones del gobierno y aquellas de la JSF eran contrarias a la constitución de Estados Unidos, particularmente a la cláusula de confiscaciones.

“Decisiones sobre puntos abstractos o aislados que principalmente serán útiles para formular o litigar otras elecciones futuras que puedan ser o no ser están fuera del alcance autorizado del alivio de (sentencia) declaratoria”, explicó Swain en su fallo.

Según Swain, habida cuenta que todavía el gobierno no ha tomado una acción definitiva en torno al derecho de propiedad que tendrían sus acreedores, la controversia no está madura para determinar si se trata de una confiscación de bienes.

El escrito de Swain recordó que los casos de Título III apenas se encuentran en una etapa inicial y “en este punto, incluso, el contenido del plan fiscal está sujeto a cambio constante luego del devastador huracán de septiembre de 2017”, por lo que no hay una decisión final acerca del tratamiento que se dará a losrecaudos y mucho menos, una determinación de la compensación que se dará a los bonistas si los derechos a su propiedad fueran eliminados.

La poderosa sección 305

Pero aún si fuera el caso, Swain dejó establecido que no puede conceder un remedio de sentencia declaratoria o interdicto a los acreedores en torno al uso que el gobierno da a sus recaudos, pues la sección 305 de Promesa se lo prohíbe.

La sección 305 establece que “a menos que la Junta lo consienta” o el plan de ajuste de deudas “lo provea”, la corte no podrá por ninguna orden, decreto o suspensión, “interferir” con los poderes políticos o los poderes de gobierno del deudor”, ni con “ninguna de la propiedad o recaudos” del deudor o con “el uso y disfrute de ninguna propiedad” que le deje ingresos al gobierno.

“La Junta no ha consentido a ninguno de esos remedios. Como resultado, la corte no puede otorgar el remedio que se busca”, reza el fallo de Swain emitido este martes.

Los recaudos de peaje y gasolina también son de ACT

En esencia, esa misma interpretación figura como razonamiento clave en el fallo de desestimación para los procesos adversativos incoados por Assured y NPFG.

En sus dos recursos adversativos, las aseguradoras buscaban que la corte reconociera que los bonistas son los propietarios del dinero que hay depositado en las cuentas de reserva de la deuda de la ACT.

El reclamo de las aseguradoras surgió luego de que ante el impago de la ACT en julio de 2016 y en lo sucesiva, estas tuvieran que honrar los pagos a los bonistas en varias ocasiones.

A diferencia de los GOs, la deuda de corporaciones como la ACT y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras, se considera deuda asegurada bajo la jurisprudencia de bancarrota. Ello, porque se trata de valores que tienen una fuente específica de repago.

Desde la perspectiva de Assured y NPFG, las leyes de la ACT y las escrituras de bonos establecen con claridad que el dinero que la ACT debe transferir al fiduciario o custodio de su deuda.

Sin embargo, de acuerdo con la interpretación de la corte y citando jurisprudencia en el tema, los argumentos de los demandantes en torno a que los fondos para el pago de la deuda de la ACT están depositados en “un fideicomiso” y a su vez, están “sujetos a un gravamen”, ambos para beneficio de los bonistas, son de su faz incompatibles con la premisa de que los fondos en las cuentas de reservan son “propiedad” de estos.

De acuerdo con Swain, los documentos en torno a la deuda de la ACT y las propias admisiones de los demandantes contemplan que como mínimo, la corporación pública tiene algún interés sobre los fondos que se depositan en el fideicomiso para pagar la deuda, en especial, si se considera que los fondos que se utilizan para pagar a los bonistas son “públicos”.

“Bajo estas circunstancias, las prohibiciones de la sección 305 sobre la interferencia en los intereses propietarios, recaudos y uso y disfrute de la propiedad que genera ingreso limitan el poder de esta corte para intervenir con las transacciones del deudor (o sea, la ACT) con el fondo de reserva”, indicó Swain en su fallo.

Con ambas decisiones, Swain pone fin -a menos que se recurra al foro apelativo- a dos de 34 procesos adversativos que se han radicado contra el gobierno y sus corporaciones bajo el Título III. Incluyendo los fallos de ACP y Assured, la corte habría puesto fin a por lo menos cinco casos y habría referido a la corte federal, aquel que mantiene el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) por la divulgación de documentos en manos del gobierno y la JSF.


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