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En primer plano, el representante del gobernador en la Junta, Christian Sobrino. Al fondo, tres de los miembros del organismo fiscal. (horizontal-x3)
En primer plano, el representante del gobernador en la Junta, Christian Sobrino. Al fondo, tres de los miembros del organismo fiscal. (GFR Media)

La jueza federal Laura Taylor Swain concedió ayer una moción del gobierno para acelerar los términos de las mociones y las réplicas asociadas a la demanda que presentó la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Al acoger esta petición del gobierno, el proceso que antecede la decisión judicial podría estar completado para la última semana de este mes, explicó Christian Sobrino, representante del gobernador ante la Junta.

La juez(a) tiene una buena apreciación del derecho que va a aplicar en el caso y entiende que (la controversia en la demanda) es un asunto que no es dependiente de hechos sino de una interpretación de (la ley) Promesa por lo que está maduro para poder resolverlo”, dijo Sobrino.

Según el funcionario, la JSF había pedido dejar la calendarización de la demanda para finales de mes.

En el caso, que se radicó como un pleito adversativo dentro de los casos de bancarrota del gobierno, se le solicita a la jueza Swain que emita un interdicto y una sentencia declaratoria contra la JSF por entender que el organismo federal a través del plan fiscal y el presupuesto pretende imponer decisiones de política pública cuando tienen que ser recomendaciones “no vinculantes” y que, por ende, el gobernador no tiene por qué acatar.

“Creo que la jueza aprecia lo esencial que es (la demanda) para la operación del gobierno”, sostuvo Sobrino.

Con el nuevo calendario, la JSF tendría que responder a la demanda para el 12 de julio. Las réplicas a las mociones continuarán hasta el 20 de julio. Los argumentos de las partes se argumentarían en una audiencia “ómnibus” programada para el 25 de julio en el Tribunal del Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey.

Al presentar la demanda, el gobernador argumentó que la JSF pretende “microadministrar” el gobierno de Puerto Rico. Reiteró que las decisiones de política pública le corresponden a su administración y no al organismo creado por el Congreso estadounidense para controlar las finanzas del gobierno estatal.

El remedio solicitado por el gobierno no implica que se declare nulo el plan fiscal aprobado por la JSF en abril, sino las hojas correctivas que ha emitido la Junta, ya que muchas de las propuestas incluidas en el documento, como la suspensión del bono de navidad, la reducción de personal en el servicio público o la consolidación de agencias y la manera en que se reformarán los planes de pensiones, son competencias del gobierno y no del organismo federal.

Una buena parte de la controversia alrededor de esa hoja correctiva surgió en medio de la propuesta de derogar la Ley sobre Despido Injustificado (Ley 80). La Junta exigía que se eliminara este estatuto porque esa acción mejoraría el clima de negocios en Puerto Rico mientras que líderes legislativos, como el senador Thomas Rivera Schatz, se opusieron a la propuesta.

Esa oposición senatorial echó por la borda un acuerdo entre Rosselló Nevares y al Junta en el que, a cambio de la derogación de la Ley 80, la Junta concedería una serie de aumentos a unas partidas del presupuesto del año fiscal que comenzó este mes.


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