La jueza Swain tiene programada para el 25 de julio la audiencia sobre las demandas del Ejecutivo y el Legislativo de Puerto Rico. (horizontal-x3)
La jueza Swain tiene programada para el 25 de julio la audiencia sobre las demandas del Ejecutivo y el Legislativo de Puerto Rico. (GFR Media)

Washington - La jueza federal Laura Taylor Swain mantuvo hoy la constitucionalidad de la ley Promesa, al determinar que el poder del Congreso sobre los territorios le ha permitido constituir la Junta de Supervisión Fiscal sin cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

Con su decisión, Taylor Swain afirmó que los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico, le permitieron crear el organismo por encima de las normas constitucionales estadounidenses, pues tiene también el rol de ser “legislatura local del territorio”.

“En cuanto a Puerto Rico, el Congreso ha ejercido durante mucho tiempo su poder plenario del Artículo IV (de la Constitución estadounidense) para estructurar y definir entidades gubernamentales para la isla…El Congreso tiene un papel dual con respecto a los territorios: como el Congreso nacional de Estados Unidos y la legislatura local del territorio”, indicó la jueza Swain, al desestimar una demanda del fondo de inversiones Aurelius Management que buscaba cancelar las peticiones de reestructuración de deuda bajo el título III de Promesa.

Aurelius argumentó que por tratarse de “funcionarios de Estados Unidos” los nombramientos de los miembros de la Junta, que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, debieron cumplir con las normas constitucionales, ser propuestos por el presidente y confirmados por el Senado federal.

Bajo la ley Promesa, el entonces presidente Barack Obama tuvo la opción de nombrar a seis de los miembros a base de recomendaciones de los líderes del Congreso y él solo seleccionar un integrante. Para Aurelius, el proceso de nombramientos de los miembros hacía inconstitucional la ley y debía invalidar el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, a base del título III de Promesa.

“En resumen, el Congreso tiene poder plenario bajo la Cláusula de Territorios para establecer instituciones gubernamentales para territorios que no solo son distintas de las entidades del gobierno federal, sino que incluyen características que no cumplirían con los requisitos de la Constitución si pertenecieran al gobierno de los Estados Unidos. Ha ejercido este poder con respecto a Puerto Rico en el transcurso de casi 120 años, incluida la delegación al pueblo de Puerto  Rico elementos de su autoridad plenaria del Artículo IV al autorizar un grado significativo de gobierno propio local”, sentenció Taylor Swain.

Para la jueza, “cada vez que el Congreso ejerce el poder del Artículo IV lo hace por medio de un estatuto federal, y todo el gobierno local en Puerto Rico se remonta al Congreso”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en diciembre de 2015 sentó las bases con un argumento en el caso Pueblo de Puerto Rico versus Sánchez Valle en el que acentúo el poder del Congreso sobre la isla, había sometido esta semana un argumento en contra de la demanda de Aurelius y a favor de la constitucionalidad de Promesa.

“Un hallazgo de que la cláusula de nombramientos aplica a oficiales territoriales no solo daría en la cara a esta práctica histórica, sino que también cuestionaría las estructuras de gobierno actuales de los territorios y el Distrito de Columbia que han estado en funciones por décadas”, indica el recurso de Justicia federal.

Mientras, la propia junta había invocado ante el tribunal el poder del Congreso sobre el territorio de Puerto Rico para decidir hacer los nombramientos al organismo fiscal sin necesidad de que todos fueran propuestos por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense.

La jueza Swain tiene programada para el 25 de julio la audiencia sobre las demandas del Ejecutivo y el Legislativo de Puerto Rico para que se frenen los esfuerzos de la Junta de Supervisión Fiscal por hacer política pública, por encima del gobierno electo de la isla.

En un comunicado de prensa, la Junta indicó que acoge "la opinión rigurosa y bien razonada" de la jueza.

También vio un adelanto de lo que espera sea la decisión de la jueza en las demandas en que el Ejecutivo y el Legislativo de Puerto Rico consideran que la JSF excede sus poderes al exigir reformas laborales y en el gobierno que tienen el rechazo del gobierno electo de Puerto Rico.

“…Promesa faculta a la JSF para, entre otras cosas, aprobar los planes y presupuestos fiscales del Estado Libre Asociado (Commonwealth) y sus  instrumentalidades, anular las acciones ejecutivas y legislativas del (ELA) que son inconsistentes con planes y presupuestos fiscales aprobados, y comenzar un procedimiento tipo bancarrota en tribunal en nombre del (ELA) o sus instrumentalidades”, indicó la jueza Taylor Swain.

En su declaración, la JSF indicó que “permanece comprometida con continuar este trabajo tan importante para lograr el mandato de PROMESA de restaurar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados para Puerto Rico”.

Mientras, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, sostuvo que tras la determinación de la jueza Taylor Swain es claro que solo queda la “confrontación política” para hacerle frente a la JSF, al avivar la propuesta de su colectividad de crear un frente común contra Promesa y la colonia en Puerto Rico y Washington.

"¿O estamos con el pueblo y le damos fin a la colonia o aceptamos que violenten la democracia puertorriqueña y nos subordinamos al mandato de la junta colonial y la metrópolis?", cuestionó Dalmau.

Mientras, el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Vega Ramos afirmó que bajo la decisión de la jueza Taylor Swain se puede argumentar que el Congreso también es responsable de la deuda pública de Puerto Rico, que supera los $70,000 millones.


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