Tribunal federal en Hato Rey. (GFR Media)

La jueza federal de distrito, Laura Taylor Swain, se reservó este jueves la decisión acerca de la validez de la ley que liberó a los municipios del pago de las aportaciones al sistema “PayGo” y de la reforma de salud.

Tras no conceder un segundo pedido del gobierno para aplazar la audiencia ante la incertidumbre en torno a la gobernación de la isla, Swain escuchó los planteamientos del abogado principal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Peter Friedman, y su homólogo en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Martin Bienenstock, en torno al reclamo para que se deje sin efecto la demanda del organismo fiscal que busca anular la Ley 29 de este año y unas 23 resoluciones conjuntas que asignaron fondos de partidas presupuestarias correspondientes a años anteriores.

“Si lo prefiere puede utilizar el término ‘gobernador’”, indicó Swain a Friedman, cuando el abogado, de forma sutil y sin hacer referencia a Ricardo Rosselló Nevares o Wanda Vázquez Garced, preguntó si tocaba a él hacer el cambio de nombre en la parte demandada en el proemio del litigio.

A solo una semana de que Vázquez Garced se convirtiera en la gobernadora de Puerto Rico tras las protestas ciudadanas que forzaron la renuncia de Rosselló Nevares y el intento fallido de Pedro Pierluisi por el alto cargo, Friedman tuvo poco más de 10 de minutos para explicar a Swain que la JSF intentaba -otra vez- poner cortapisas al gobierno cuando no tenía autoridad para ello.

En esta ocasión y a nombre de la Aafaf, Friedman defendió la Ley 29, uno de los últimos estatutos que Rosselló Nevares convirtió en ley antes de abandonar La Fortaleza. El estatuto enmendó la Ley 106 de 2017 para establecer que el pago de las pensiones de los empleados públicos saldrían del Fondo General ante la insolvencia de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR). Como contrapeso, la Ley 106 también estableció que los 78 ayuntamientos de la isla aportaría una tajada de sus respectivos presupuestos para el pago de esa obligación, lo que quedó sin efecto con la Ley 29.

“Hemos defendido la Ley 29 porque atiende un problema real”,  dijo Friedman al indicar que si no se implementa el estatuto, de todas formas, habrá que identificar un mecanismo para evitar lo que sería otro golpe a las finanzas municipales.

Friedman invirtió buena parte de su argumento señalando que la sección 204 de Promesa no confirió a la JSF poder para invalidar una ley del gobierno, en especial, si esta no presenta “una inconsistencia significativa” con el plan fiscal y el presupuesto, como sería la Ley 29.

Aseveró también que bajo la Ley 106, la Aafaf no está requerida a cobrar a los municipios una cuantía exacta para pagar las pensiones de quienes fueron sus trabajadores y que si la jueza otorga el interdicto tal como lo solicitó la JSF, dicho remedio un alcance “muy amplio” que limitaría la capacidad para reasignar fondos en el presupuesto a futuro.

La jueza Swain, sin embargo, no pareció convencida. Esto, al indicar que le parecía “ilógico” que bajo Promesa, el gobierno retuviera la capacidad para aprobar leyes que derrotaran el proposito de la ley federal.

Bienenstock buscó utilizar su turno de refutación para aclarar las dudas de Swain.

El “mito” de Pierluisi

El abogado de la JSF sostuvo que con la Ley 106, Aafaf sí está obligada a cobrar a los municipios las aportaciones de pensiones y que al aprobar la Ley 29, el gobierno alteró el pago de las pensiones como acreencia. Esto, al convertir el pago de pensiones en una obligación directa del gobierno central y luego, al eliminar las aportaciones municipales, lo que actúa como una especie de garantía para el pago a los jubilados.

Sobre todo, según Bienenstock, la JSF tiene autoridad para solicitar la anulación de una ley de Puerto Rico si esta contraviene el plan fiscal y el presupuesto porque los poderes conferidos en Promesa son iguales o superiores a los que tenía la junta de control fiscal de Washington, D.C.

En lo que pareció ser un giro a la postura adoptada antes por la JSF, Bienenstock sostuvo que existe “un mito” en torno a los poderes del organismo fiscal y sostuvo que ese entendimiento errado fue propiciado por Pierluisi en una carta que buscaba explicar Promesa.

“El sólo lo entendió mal”, dijo Bienenstock en referencia a Pierluisi, quien ayudó en la redacción de Promesa en el Congreso y hasta hace unas semanas formó parte del bufete O'Neill & Borges, que colabora con Bienenstock y el bufete Proskauer Rose asesorando a la JSF.


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