En la foto algunos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (semisquare-x3)
En la foto algunos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó este martes el recurso de certiorari que había anticipado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con la expectativa de que el máximo foro judicial estadounidense valide la estructura y el proceso de nombramiento de sus integrantes, según la ley federal Promesa.

En un recurso de 174 páginas, la JSF indicó al alto foro que su intervención es fundamental pues la controversia que resultó en la inconstitucionalidad de ese organismo supone en evento de “importancia excepcional”.

Alegando que la identidad de la JSF es de carácter territorial, el organismo indicó al alto foro federal que de validarse el fallo del Primer Circuito de Apelaciones, ello tendría “consecuencias gravísimas” en el poder del Congreso de Estados Unidos para desarrollar procesos innovadores en la gobernanza de sus territorios.

El recurso, en el que se alega que el foro apelativo intermedio malinterpretó “la relación estructural entre un gobierno nacional y aquellos territoriales, relata los esfuerzos de la JSF desde su creación hace unos tres años y que la práctica histórica demuestra que los oficiales territoriales no tienen que ser nombrados según lo establecido por la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

El pasado 15 de febrero, el Primer Circuito de Apelaciones concluyó lo opuesto, al establecer que el alcance, las facultades concedidas y el poder discrecional conferidos a los miembros de la JSF es de tal magnitud, que tales funcionarios son oficiales federales del gobierno de Estados Unidos y como resultado, debieron recibir el consejo y consentimiento del Senado.

“La corte de apelaciones ha invalidado una ley del Congreso y como resultado, ha considerado ilegales los nombramientos de los miembros (de la JSF), quienes son responsables de administrar la crisis financiera y humanitaria de Puerto Rico. La decisión, por ende, tiene graves implicaciones, no solo para Puerto Rico y los sobre tres millones de ciudadanos estadounidenses que viven allí, pero también para la autoridad del Congreso para estructurar gobiernos territoriales y en particular, para permitir la soberanía popular en los territorios”, reza el argumento de la JSF ante el alto foro federal y en el cual se agrega que ante la coyuntura que se experimenta en la isla, Puerto Rico no puede darse el lujo de que se produzca un conflicto judicial y prevalezca la incertidumbre sobre el futuro de la JSF.


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