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Rafale Ramos Sáenz es investigado por el Departamento de Justicia y por la Judicatura desde principio de mes. (GFR Media) (horizontal-x3)
Rafale Ramos Sáenz es investigado por el Departamento de Justicia y por la Judicatura desde principio de mes. (GFR Media)

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, relevó hoy de sus funciones al juez Rafael Ramos Sáenz, investigado por supuestamente consultar con un grupo de líderes estadistas una serie de determinaciones judiciales relacionadas al voto de las personas encamadas en las pasadas elecciones.

“La suspensión es una medida cautelar mientras se lleva a cabo la investigación que inició esta semana la Oficina de Administración de los Tribunales, relacionada a posibles comunicaciones con personal directivo vinculado a un partido político mientras ejercía funciones de presidente en la Comisión Local de Elecciones Moca 037”, se informó en un comunicado de prensa.

La suspensión ocurre a tres días de que Ramos Sáenz renunciara a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ante el revuelo que causó el que el senador popular Aníbal José Torres haya hecho público una serie de mensajes de WhatsApp en los que se da cuenta de las presuntas consultas judiciales.  

Según se alegó, Ramos Sáenz tuvo comunicación con la ahora subsecretaria de la Gobernación, Itza García, y la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado, en los que presuntamente violenta cánones de ética judicial al participar activamente de la campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre otras cosas. 

La comisionada electoral de la Palma, Norma Burgos, también fue mencionada en los mensajes. 

La Rama Judicial tiene una política pública firme de cero tolerancia a cualquier conducta que pueda socavar y lacerar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema de justicia y la solvencia moral de los jueces y juezas que participan en este. La conducta imputada al Juez Ramos incide directamente sobre su función judicial, al poner en entredicho su capacidad, integridad e independencia judicial, lo que exige la imposición de una medida cautelar”, establece la orden decretada por Oronoz Rodríguez.


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