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La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, explica las razones para implantar un sistema de videoconferencia en Vieques y cómo esto ha agilizado los procesos para los ciudadanos de ese municipio

Desde el estrado, el juez llama el próximo caso en turno. La sala del tribunal, sin embargo, luce vacía.

En sus respectivas oficinas, los abogados de las partes se acomodan, conectan su equipo a un sistema de videoconferencia, y así empieza la vista. 

Este escenario será posible a partir de mañana en los tribunales de Fajardo y Humacao, donde la Rama Judicial inaugura un proyecto piloto que permitirá utilizar esta tecnología en algunos procedimientos, en casos civiles, en los que se prescindirá de la presencia física de las partes y se permitirá su participación a distancia.

La iniciativa persigue agilizar el trámite judicial al evitar la suspensión de casos por conflictos de calendario, y de esa forma, promover la más pronta solución de los pleitos.

El uso del sistema de videoconferencia para procesos judiciales de naturaleza civil supone una nueva etapa en el manejo de esta tecnología como estrategia para generar eficiencias y reducir gastos en la Judicatura, así como para fomentar mayor acceso a la justicia.

Desde 2010, existe un acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación  para el uso de este equipo en algunas audiencias de los confinados, y en marzo pasado, estrenó un programa para facilitar el acceso al Tribunal de Fajardo para los residentes en Vieques.

“En el día a día, tienes multiplicidad de vistas, y a veces los abogados están en el tribunal, tienen una vista de 10, 15 minutos, y se van. Obviamente, eso tiene un costo para el cliente, eso tiene un costo en términos de eficiencia para el abogado, y lo que vamos a iniciar en Fajardo y Humacao, en las salas civiles, (es) que se use la videoconferencia para conectarse abogados y juez o jueza”, indicó a El Nuevo Día la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.

El sistema de videoconferencia aplicará solo a aquellas vistas en las que no haya que aquilatar prueba, como las conferencias iniciales, las vistas sobre el estado de los procedimientos, vistas argumentativas para atender mociones de desestimación por las alegaciones o de sentencia sumaria, además de conferencias transaccionales o con antelación a juicio.

“Es una herramienta que nos ayuda a atender más eficiente el calendario judicial, en la medida que minimizamos los conflictos de calendario, y, por otro lado, es una herramienta muy útil que van a tener los abogados para maximizar su tiempo y reducir sus costos”, explicó, por su parte, Sigfrido Steidel Figueroa, director administrativo de los Tribunales.

Destacó que algunos abogados postulan en tribunales lejos de sus despachos o tienen que atender casos en diversos centros judiciales en un mismo día, y este proyecto les permitirá maximizar su tiempo. La intención es que, una vez se evalúen los resultados preliminares en Fajardo y Humacao, se extiendaa otras regiones judiciales.

El uso de videoconferencias podrá concederse si una parte lo solicita o por disposición del tribunal. Si algún representante legal lo pide, el juez o jueza evaluará las circunstancias del caso y podría denegarla si entiende que el asunto a discutirse no se presta para un procedimiento de esa naturaleza.

Cada parte deberá asegurarse de que cuenta con el equipo necesario para conectarse al programa que permitirá transmitir, a través de un monitor, el audio y vídeo en tiempo real. Si algún abogado o alguien que se represente por derecho propio no cuenta con la tecnología requerida, siempre tendrá la alterativa de acudir directamente al tribunal.

Barreras geográficas

En el caso del programa que opera en Vieques, el objetivo primordial es que los habitantes de esa isla municipio puedan contar con un remedio inmediato en circunstancias urgentes. Este mecanismo se emplea para solicitar órdenes de protección en casos de violencia doméstica, acecho, a favor de víctimas de violencia sexual, maltrato infantil, y para pedir el ingreso involuntario de una persona en una institución para tratar problemas de salud mental.

Oronoz Rodríguez destacó que, desde que comenzó el proyecto a mediados de marzo hasta el cierre del año fiscal el 30 de junio, se han celebrado en la sala viequense 51 videoconferencias. Solo el primer mes, resaltó, se atendieron más solicitudes de órdenes de protección o de ingreso involuntario que en todo el año anterior.

“Le permites a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, como pudiera ser cualquiera de las situaciones que ameritan una orden de protección, de manera inmediata, recibir auxilio y protección del tribunal y tener una orden de protección al instante”, enfatizó la jueza presidenta del máximo foro judicial.

Según estadísticas de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), hasta el momento, la mayoría de las solicitudes han estado relacionadas con casos de salud mental (33%), y a renglón seguido se ubican las peticiones por casos de acecho (27%).

En Vieques, hay un juez itinerante que visita la isla municipio alrededor de dos veces al mes. Antes que se permitiera el uso de videoconferencias, quienes quisieran obtener una orden de protección tenían que trasladarse hasta el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo para poder presentar su solicitud allí, aguardar por que el juez accediera o denegara su petición, y entonces regresar a la isla municipio. Ese proceso podía tomarle todo el día. 

“En cuanto a equipo, estamos hablando de una inversión ínfima. En cuanto a costo efectividad, no se puede medir ese proyecto tan fácilmente. Es costo efectividad en cuanto al acceso, 51 personas que ahora tienen la protección inmediata de una orden de protección, 51 vidas que tuvieron acceso inmediato al tribunal”, dijo Oronoz Rodríguez.

El plan de la Rama Judicial es extender el programaa la isla de Culebra a principios de este año fiscal.

Juan Carlos Guzmán, director de Programas Judiciales de la OAT, precisó que este año les fueron aprobados $56,000 para la compra de equipo adicional para el proyecto en las islas municipio a través de la ley federal Victims of Crime Act.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo rechazó que la tecnología suplante del todo el funcionamiento de las salas judiciales, aunque está convencida de que será crucial en la transformación de la Judicatura a corto, mediano y largo plazo. Apuntó que herramientas como la videoconferencia podrían garantizar la continuidad de servicios en tiempos de estrechez fiscal, sobre todo en aquellas regiones que, por condiciones geográficas o socioeconómicas, tengan acceso limitado a los centros judiciales alrededor de la isla.

La sustitución de la presencia física de las partes mediante el uso de cámaras y monitores no ocurrirá, en este momento, en juicios civiles en su fondo, en casos criminales, o en aquellos procesos en que puedan quedar vulneradas algunas garantías constitucionales, como el derecho de los acusados a confrontar los testigos.

“Los jueces tienen que garantizar -los abogados también- los derechos de todos los implicados en el proceso judicial, así que la tecnología no va en contradicción con las garantías que deben darse a esos derechos de todas las partes, en los procesos civiles o penales, lo que va a ocurrir es una manera distinta de llevar a cabo distintos procesos”, puntualizó Steidel Figueroa.


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